Por: Victoriano Martínez.
El Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito descartó la petición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para que desechara la solicitud de amparo en contra de su resolución con la que reforzó la reserva del convenio entre gobierno estatal y la BMW.
Luego de que la CEGAIP resolvió el pasado mes de diciembre mantener bajo reserva la documentación relacionas con la instalación de la BMW en el estado, 15 meses después de interpuesta la queja, el notario Eduardo Martínez Benavente solicitó en enero ante el Juzgado Sexto de Distrito un amparo en contra de la resolución.
En febrero, la presidenta de la CEGAIP, Yolanda Camacho Zapata, presentó un recurso de queja administrativa, el 044/2016, mediante el que pretendía que el juicio de amparo se desechara porque presuntamente se había presentado fuera del plazo que la ley establece para ese tipo de reclamos.
“Es infundado el recurso de queja promovido por la presidenta y representante legal de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí contra el auto de 21 de enero del año en curso, pronunciado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo 75/2016-IV”, señala el único punto resolutivo del Tribunal Colegiado.
Con la determinación del Tribunal Colegiado, la Jueza Sexta de Distrito levantó la suspensión del procedimiento, lo que representa que la presidenta de la CEGAIP no logró su objetivo de evitar que el juzgado federal revisara la resolución con la que reforzaron la reserva de la información relacionada con el convenio Gobierno-BMW.
El Juzgado Sexto de Distrito fijó para el próximo 2 de Mayo la audiencia constitucional para dar continuidad al juicio de amparo.
El litigio se da porque el gobierno estatal declaró reservados el convenio y sus anexos firmados por el gobierno de Fernando Toranzo y directivos de la empresa alemana BMW, en julio de 2014. Desde agosto de ese año se presentó la queja ante la CEGAIP para que revisara los acuerdos de reserva.
Fue hasta el 15 de diciembre de 2015 cuando finalmente la CEGAIP resolvió aquella queja y, lejos de liberar la información, emitió una resolución en la que amplió los motivos para que la documentación relacionada con el convenio se mantuviera bajo reserva.
Se trata del mismo tipo de información que habrá de generarse con la llegada de una planta de Ford al estado, y de un convenio que la propia Constitución Política del Estado ordena que sea publicada para que adquiera validez.
En el caso de la Ford, Gustavo Puente Orozco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, afirmó que en cuanto se firme el convenio con la automotriz estadounidense se subirá a la página de transparencia de gobierno para que no suceda lo que ha estado pasando con BMW.
Si es real ese ofrecimiento, el gobierno de Carreras tiene la oportunidad de demostrar esa voluntad de transparencia, y además cumplir con su obligación constitucional, con la publicación de los documentos sobre los que hoy se abre una nueva etapa en el litigio por que se respete el derecho de acceso a la información pública de los potosinos.
