Angélica Campillo
En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 que se votará este 14 de diciembre en sesión del Pleno del Congreso del Estado, se destaca un recorte de 8 millones de pesos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
En el apartado de Administración Pública Paraestatal se destaca que para el ejercicio fiscal 2023, a la CEEAV se destinarán 34 millones 686 mil 805 pesos, es decir, 8 millones de pesos menos que en 2022, cuando se destinaron 42 millones 686 mil 805 pesos.
Este recorte se dará justo cuando se han reavivado las protestas en contra de esta institución, ya que decenas de víctimas la tachan de ser inoperante y operar en su contra, ocasionando una continúa revictimización.
Cabe destacar que hay víctimas reconocidas que han manifestado que la CEEAV les adeuda la reparación del daño, por ejemplo María de Jesús Almendárez Prieto, víctima de violencia institucional, acoso sexual, laboral y violencia de género por parte de un exfuncionario del Gobierno estatal, en 2013.
Almendárez Prieto ha señalado que la CEEAV tiene un presupuesto anual destinado al apoyo y reparación del daño a víctimas, el cual acusó que no se usa y parece estar inexistente ante las peticiones de las personas que han sido agraviadas por un delito.
Además, Griselda Haro Dávila, quien forma parte de las víctimas de despojo en Noria de San José en 2016, en declaraciones recientes señaló que la CEEAV no sólo no cumple con su trabajo, sino que actúa en contra de las víctimas, al grado de mentir abiertamente a jueces federales para bloquear que se concreten medidas que forman parte de la reparación integral del daño.
De igual forma, Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco Ibarra Castillo, asesinado en 2019, es una de las víctimas que ha señalado no contar con la ayuda inmediata de la CEEAV, ante el temor de algún atentado en su contra por solicitar justicia por el caso de su hijo.
Estos son algunos de los casos que se han mantenido en protesta durante el último mes, pero es problema que se arrastra desde el sexenio de Juan Manuel Carreras López, el cual llegó a su punto más alto cuando un grupo de víctimas instaló un plantón frente a la CEEAV, impidiendo el paso a toda persona que intentara ingresar.
Más de un año después de que cambió la administración estatal, el Gobierno sigue viendo a las víctimas con la misma indiferencia, sin señales de mejoría e incluso con un panorama menos favorable, ahora con un menor presupuesto.
