Por Victoriano Martínez
Si, como dice el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, su objetivo “no es tener a nadie en la cárcel, sino que regresen lo robado” y los ex funcionarios de los Servicios de Salud detenidos ya han devuelto 30 millones de pesos, la expectativa que genera es que el propio ex gobernador Juan Manuel Carreras López sea aprehendido para que devuelva lo que él se llevó.
Tan solo ante la expectativa de lo que se tendría que recuperar en los Servicios de Salud, el anuncio de este jueves sobre la pretensión de que se reintegren a la dependencia 55 millones de pesos queda muy lejos de lo que tendría que reponerse para restaurar el daño. El propio Gallardo Cardona fijó el monto en su primer discurso como gobernador.
“Hoy no nos debe de extrañar que tenemos una de las secretarías más observadas en el país, la Secretaría de Salud, más de mil 700 millones fueron desviados y saqueados en la Secretaría de Salud. Esas cuentas se van a cobrar”, dijo el 26 de septiembre de 2021 en la Plaza de los Fundadores.
¿Cuántos de esos recursos tendrían que ser reintegrados por Mónica Rangel y Miguel Ángel Lutzow como extitulares de la dependencia y cuántos por parte de Carreras López, quien como superior jerárquico no pudo estar ajeno a lo que ahí ocurría?
Los 55 millones de pesos señalados por Gallardo Cardona apenas representan el 3.24 por ciento del monto señalado por él mismo en la Plaza de los Fundadores. Si después de reintegrar esa cantidad, los ex funcionarios salen libres, ¿cuántas veces más tendrán que arrestarlos para alcanzar la recuperación de los mil 700 millones de pesos?
Y no sólo a ellos, porque para el caso aplica aquello de que es preferible “ir con el dueño del circo”. Resultaría mucho más efectiva la aprehensión del ex gobernador Carreras López para una mayor presión a favor de que se recuperen los recursos “desviados y saqueados”, no sólo en los Servicios de Salud, sino en toda la estructura gubernamental.
Un ejemplo no sólo visible de manera grosera en las calles, sino también documentado en una denuncia presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pasado 21 de febrero por el pago de 371 millones 588 mil 420.79 pesos para la construcción de la Red Metro sin que funcionen los dos corredores de transporte masivo en la ciudad.
El caso de la finalmente llamada Red Metro dio, desde el inicio del sexenio de Carreras López, para que desde diversas instancias le metieran mano al desvío descarado de recursos públicos. Se trató pues de una de las coartadas para la corrupción carrerista.
El 31 de diciembre de 2015 se emitieron los fallos de las licitaciones LO-924004991-N39-2015, LO-924004991-N40-2015, LO-924004991-N41-2015 emitidas por la SEDUVOP a cargo de Leopoldo Stevens Amaro y se firmaron los contratos para las primeras obras. Iniciarían el 4 de enero y para el 9 de septiembre de 2016 ya se contaría con el primer corredor de la zona industrial al centro.
Sólo se avanzó en la zona de transferencia en el lado norte de la Alameda, cuyo contrato fue por 4 millones 350 mil 310.54 pesos, el más bajo, ya que los otros dos fueron por 28 millones 25 mil 17.01 pesos y por 21 millones 326 mil 840.57 pesos, que fueron pagados prácticamente a cambio de nada.
A aquellos primeros 53 millones 702 mil 168.12 pesos asignados para obras inconclusas o que de plano no se realizaron se sumaron 20 nuevos contratos hasta acumular los pagos denunciados ahora por la SCT por 371 millones 588 mil 420.79 pesos.
La responsabilidad del proyecto pasó de la SEDUVOP a un Organismo Público Descentralizado llamado “Red Metropolitana de Transporte Sustentable”, a cargo de la SCT y la Secretaría de Finanzas. Carreras López y su operador Alejandro Leal Tovías como secretario de gobierno movían piezas, pero resulta obvia su participación en los desfalcos.
Con este caso, a los mil 700 millones señalados por Gallardo Cardona se suman 371 millones de pesos más. ¿Cuánto se acumularía si se contabiliza lo que se pudo desviar por el uso de empresas fantasma para adquisiciones, y los casos de la Secretaría de Seguridad Pública, la SEDUVOP, la Junta Estatal de Caminos, la Comisión Estatal del Agua, y un largo etcétera?
Carreras López navegó con la bandera anticorrupción que, desde la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, fue señalada como una mera simulación que arrastró todo el sexenio tanto para proteger a la familia Gallardo como para encubrir sus propias fechorías que ahora tendrán que salir a la luz pública.
Loable la intención de lograr la reparación del daño provocado por la corrupción del anterior sexenio, pero si no se informa con claridad y se establece cuánto debe reintegrar al erario cada ex funcionario corrupto, con Carreras López a la cabeza, la devolución a la hacienda pública de montos menores sólo daría cuenta de una acción propagandística que oculta acuerdos de impunidad.
