Fernanda Durán
Urenda Navarro Sánchez, nueva abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), negó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya desechado definitivamente la controversia constitucional que la institución promovió contra los resultados de la auditoría realizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) del manejo de los recursos del ejercicio 2022.
Incluso advirtió que la disputa aún no comienza debido a que todavía existen recursos jurídicos por accionar.
La abogada aclaró que el resultado emitido por la Corte y dado a conocer a través de medios de comunicación este jueves se generó en febrero de este año, hubo una notificación en abril, por lo que ya quedó subsanada y está turnado en el pleno de la Corte. Con esto, el desechamiento no está firme al tratarse de un estudio de admisibilidad y no de fondo.
Agregó que los dos precedentes citados por la magistrada Lenia Batres para desechar en un inicio el recurso legal no eran extensivos al caso de la UASLP.
“Lo que buscamos es un pronunciamiento de la Corte que aclare una situación sui generis, que es preocupación de todas las universidades a nivel nacional”.
En este contexto consideró que la filtración de esa respuesta de la Corte no fue institucional, pues “es la antesala de los cambios de nombramiento, realmente pocas personas teníamos acceso al recurso. No es muy institucional hacer filtraciones sobre documentos universitarios”, criticó.
De acuerdo con Navarro Sánchez, los recursos legales que emprendió la Universidad sobre la fiscalización de los recursos de 2022 siguen abiertos, tanto el amparo como esta controversia constitucional, pero aún quedan recursos como el juicio de nulidad.
“Todavía hay recursos ordinarios que accionar; ellos están en la posibilidad de defender la posición de la misma forma que nosotros la defendemos, la diferencia es que nosotros no la litigamos en medios, la litigamos donde tenemos que ir a litigarla”.
Detalló que el instituto fiscalizador emitió un último posicionamiento donde considera que no se entregó información, “lo cual es falso. Se desahogó la auditoría, lo único que la ley preve es que se explique si existe una causa justificada para que no se entregue información de algun tipo. En este caso, nosotros expusimos que no existía causa justificada sobre algo que no tienen competencia”.
Con la emisión por parte del IFSE de cédula de resultados finales en la que afirman que por falta de información no pudieron fiscalizar el recurso, la UASLP ahora espera que siga el proceso de denuncia hasta llegar un procedimiento de instrucción para ellos poder retomar otras vías jurídicas para defender adecuadamente la institución.
“La controversia central es si tienen competencia o no para fiscalizar recursos, no solo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (…). Está el antecedente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se intentó hacer exactamente lo mismo: hacer un uso político faccioso de un instituto de fiscalización para golpear la autonomía universitaria y perdieron los amparos”.
Refirió que ha habido una declaratoria de al menos tres tribunales colegiados donde refiere que los recursos de ingresos propios son de carácter patrimonial privado de las universidades.
