Fernanda Durán
En la elección extraordinaria del Poder Judicial de San Luis Potosí, 84 mujeres han presentado su candidatura, de las cuales cerca de 75 se han inscrito ya en la Red de Mujeres Candidatas Juzgadoras, una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) y coordinada localmente por la Comisión de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), presidida por la consejera Karla Patricia Solís Dibildox.
De acuerdo con la consejera, la red busca brindar acompañamiento, asesoría inmediata e información legal a las candidatas, quienes enfrentan este proceso sin estructuras partidistas, sin recursos públicos para campaña y expuestas casi exclusivamente a la arena de las redes sociales.
“Lo están haciendo desde la construcción individual, desde su preparación continua, pero sí con reglas distintas a las que conocían dentro del Poder Judicial”, explicó Solís Dibildox. “Sobre todo, transitando solas toda esta parte, porque no hay un apoyo como en los procesos ordinarios lo tienen de los partidos políticos. Entonces, ellas lo están haciendo desde la construcción individual”.
Estas condiciones, lejos de nivelar el terreno, han generado nuevas vulnerabilidades. Uno de los principales focos de alerta es la violencia política de género en plataformas digitales, donde las mujeres juzgadoras son blanco de ataques que en muchos casos provienen de perfiles anónimos o falsos.
Viridiana Aguilar Linares, defensora electoral adscrita a la Defensoría Electoral para Mujeres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que en redes sociales es donde más se da la violencia política de género, pues ya han recibido casos de mujeres candidatas agredidas, principalmente mediante comentarios con sesgo de género, burlas o campañas de desprestigio.
Aunque esta elección judicial involucra a profesionales del derecho, el entorno digital ha mostrado ser igual de hostil. Ante esta realidad, se han activado mecanismos como el procedimiento especial sancionador, que permite investigar y sancionar actos de violencia política incluso cuando provienen de ciudadanos comunes, no solo de actores políticos.
“Muchas veces los ciudadanos creen que no puede sancionarse por autoridades electorales y es completamente falso. Los ciudadanos también son infractores en este tipo de responsabilidades. Entonces también pueden llevar a sanciones económicas y existen; están documentadas, existen precedentes donde se han se ha sancionado a ciudadanos”, advirtió Aguilar Linares.
Luego de que una de las candidatas potosinas expusiera que ha sido objeto de intentos de desprestigio por sus resoluciones como jueza, la defensora electoral aclaró que existen casos dónde legalmente hay un umbral de tolerancia respecto a las críticas que se llegan a recibir, ya que no toda crítica puede considerarse violencia política de género.
Señalar aspectos relacionados con el desempeño profesional como acusaciones de corrupción, es válido dentro del debate público, siempre y cuando no incluya elementos relacionados con el género como comentarios sobre el físico o roles tradicionalmente asignados a las mujeres.
Además, como medida preventiva y de respaldo legal, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí, en coordinación con el Ceepac y la Defensoría Electoral del TEPJF, ofrecerá acompañamiento gratuito a cualquier candidata que enfrente violencia de género en su camino electoral.
A pesar de los esfuerzos institucionales, ambas expertas coincidieron en que el proceso no ha estado exento de riesgos y tensiones.
“Esperamos que no haya más casos, pero si los hay, estaremos 24/7 para atenderlos”, concluyó Solís Dibildox.
