Estela Ambriz Delgado
El derecho de la mujer a una vida libre de violencia no es una realidad en México, y las cifras evidencian la incapacidad del Estado para prevenir, atender, y sancionar sus diversas formas, lo que ha llevado al surgimiento de estrategias ciudadanas de defensa como “Sororal, red de abogadas”, que en un estado como San Luis Potosí, donde el porcentaje de impunidad en delitos denunciados es del 98.6 por ciento, resulta más que necesaria.
Celia García Valdivieso, investigadora del Colegio de San Luis (Colsan) y comisionada Ejecutiva Estatal de Víctimas, informó del trabajo de esta red de apoyo. Para contextualizar su relevancia, expuso que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cifra negra de 2022, es decir, los hechos delictivos que no se denuncian, fue del 93.3 por ciento, lo que indica que la denuncia aún es baja.
En este sentido, consideró que el Estado es responsable debido a la falta de confianza en las instituciones, e inclusive en 2022 bajó 0.1 por ciento, además de que este indicador se asocia con la percepción de corrupción que, en el caso de los jueces y juezas, es 67.3 por ciento entre la ciudadanía, y de un 64.7 por ciento para las y los fiscales.
Asimismo, la investigadora señaló que la impunidad en San Luis Potosí es grave, pues es del 98.6 por ciento, 2 puntos arriba en la media nacional; esto se traduce en que de 100 delitos que se denuncian, en 98 no se sanciona al agresor.
En el desglose por delito se encuentra una impunidad de 88.6 por ciento en feminicidio, esto a pesar de tener decretada la Alerta de Violencia de Género (AVG), con la que se deben de aplicar medidas de urgencia en el estado; en abuso sexual, 96. 1 por ciento; y en violencia familiar, 98.6 por ciento, es decir que casi 99 de 100 casos de mujeres, niñas o adolescentes no van a encontrar justicia.
García Vialdivieso explicó que a esto se suma que un asesor victimal, abogados del Estado que atienden a las víctimas, en un año llevan 303 casos, lo que implica que tendría que atender un caso por día, algo insostenible para cualquier profesional.
Según el informe de México Evalúa, 230 víctimas son representadas por un asesor victimal, un defensor público atiende a 134 personas y representa a 36 al año.
En este sentido, la investigadora apuntó a que la calidad de la justicia responde al alto grado de impunidad, principalmente por tres factores: la corrupción, la falta de recursos, y la carencia de asesores victimales y asesores públicos.
“Estos datos numéricos dan cuenta de que la respuesta del Estado ante la violencia contra las mujeres, dista mucho de ser una respuesta eficaz, y es más bien una respuesta lenta, deficiente y poco profesional. Es decir, la respuesta es inconsistente para la magnitud de la violencia que atraviesan las mujeres potosinas; ante ello hemos tenido que idear estrategias de resistencia, de sobrevivencia”.
Sororal: una estrategia de sobrevivencia
La doctora Celia García indicó que a través de los años ha quedado demostrado que el Estado no resolverá la violencia contra las mujeres, por lo que ellas mismas han tenido que formar redes, colectivos, federaciones, grupos para acuerparse, protegerse, defenderse, e inclusive para incursionar en el sistema de justicia.
Una estrategia de resistencia se llama “Sororal, red de abogadas”, un colectivo de profesionistas del derecho que desde hace un año y medio donan su tiempo y su conocimiento para asesorar de manera gratuita a mujeres, niñas, niños y adolescentes, como parte de una estrategia de defensa y sobrevivencia de este sector vulnerable.
Algunos datos que han arrojado la red de acuerdo a las atenciones, que de marzo a la fecha han sido a 178 personas, es que el 53 por ciento ha requerido una atención rápida, pero su vida no se encuentra en peligro. Sin embargo, 16.9 por ciento ha sido urgente porque su vida se encuentra en peligro.
Además, el 77.6 por ciento de quienes se conectan con la red es debido a que su situación tiene algún componente de violencia, y los casos que más se repiten son los asuntos familiares con el 72 por ciento, siguiendo los casos penales, mercantiles, y laborales.
“No podemos seguir esperando que el Estado responda, está sobrepasado, el sistema de justicia está rebasado, tenemos que generar nuevas estrategias de defensa de las mujeres, y no siempre están en el sistema de justicia”, concluyó García Valdivieso.
