Por Victoriano Martínez
La de la reforma electoral ya no es cualquier historia. Se ha convertido en una serie de la que el tercer capítulo es el final de la primera temporada, porque en las próximas semanas regresará con nuevos episodios que podrían reportar otros giros inesperados, con nuevos protagonistas.
Si en 48 horas pasó de ser una reforma prácticamente reventada, en términos del diputado Eugenio Govea, a una reforma aprobada –con los votos incluidos de quienes se podría decir que la reventaron, el voto en contra de la diputada Isabel González y la abstención del diputado Oscar Vera–, es posible que en unos meses pase a ser una reforma declarada inconstitucional.
Por lo pronto, la primera temporada retrató de cuerpo entero la voracidad por anteponer sus intereses, la opacidad para negociar a espaldas de la población, la hipocresía para auto elogiarse por reivindicar derechos y la nula y fingida vocación a favor de los derechos humanos que en los hechos muestra su ignorancia de principios constitucionales adoptados desde 2011 en México.
Con la aprobación de la nueva Ley Electoral, quienes votaron por sacar del orden del día el dictamen el pasado domingo, especialmente quienes más argumentaron la inconstitucionalidad y las ilegalidades de la nueva Ley, confirmaron que sus argumentos sólo eran el disfraz que ocultaba su verdadera intención: encarecer su voto para eliminar de la reforma lo que les afectaba.
Y les resultó. Desde el propio domingo inició un procedimiento de ajustes que primero abrió la posibilidad para que el diputado Martín Juárez, presidente de la Directiva, convocara el lunes a una sesión ordinaria no prevista, sin Gaceta Parlamentaria y un orden del día publicado con posterioridad a la sesión, que incluso se retrasó los ajustes no terminaban.
“Les comunico de que, en virtud de que se está aún en el procedimiento de los últimos ajustes del dictamen que expide la Ley Electoral del Estado, la sesión ordinaria del día de hoy la llevaremos a cabo inmediatamente se concluya dicho proceso, por lo que respetuosamente les pido permanecer en este recinto”, dijo Juárez al concluir la primer sesión solemne de este martes.
Sin que se informara el lugar, sin que se dijera quienes participaron y mucho menos sin que se diera a conocer cuáles fueron los ajustes, en la completa opacidad se negociaron los cambios que hicieron cambiar de parecer a quienes el domingo habían reventado la reforma.
Todavía hasta esta madrugada no había información al respecto en el sitio Web del Congreso del Estado, y los diputados parecieron estar en un pacto de silencio: ¿lograron los mini partidos evitar que les aumentaran el porcentaje de votación de sobrevivencia? ¿Rescataron las alianzas para el próximo proceso electoral?
Los ajustes que se hicieron al dictamen de la Ley Electoral quedaron para que la ciudadanía, el principal destinatario de la norma, tenga que esperar la publicación en el Periódico Oficial del Estado para tener elementos para conocer la opaca negociación entre los diputados… y eso si después no aparecen fantasmales fes de erratas.
Una negociación tan opaca y vergonzante para los legisladores, que no hubo quien interviniera cuando fue sometido a discusión el dictamen para que hiciera público lo que ocurrió a espaldas de la población.
Sólo tres intervenciones: las diputadas Paola Arreola y Vianey Montes para un discurso sobre los avances en cuanto a la protección a las mujeres contra la violencia política y la apertura de mayores espacios públicos que, por trillado y por ignorar otros aspectos relevantes, tuvo más tintes de una hipocresía política escudada en lo políticamente correcto.
La tercera intervención fue de la diputada Isabel González, quien manifestó una postura coherente con la que defendió el pasado domingo y la ratificó con su voto en contra del dictamen. Dejó, pues, constancia de que las razones de peso que impedían la reforma no habían cambiado, sino únicamente los intereses de quienes emitieron su voto.
Aunque se habló de la reivindicación de los derechos de las mujeres, no hubo un solo diputado que hiciera consideraciones de una defensa real de los derechos humanos conforme a los principios derivados de la reforma constitucional de 2011 y, especialmente, en lo concerniente a tomar en cuenta el principio pro persona, es decir, tomar en cuenta a los destinatarios de la Ley.
Sobre todo, porque es derecho de las personas ser tomadas en cuenta en esos procesos y los 27 diputados están obligados a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Los 27 lo incumplieron.
Para la nueva Ley Electoral se debieron dar cuando menos dos consultas a grupos vulnerables: las personas con discapacidad y las poblaciones y comunidades indígenas. Ni una ni otra se realizó. En el caso del segundo grupo, la obligación de la consulta está plasmada en una ley completa: los diputados violaron la constitución y la Ley de Consulta Indígena.
“Iniciamos los trabajos de la Consulta Indígenas pero la pandemia no permitió seguir avanzando, entendemos que no basta con buenas intenciones pero también se aprende de estos casos y la consulta deberá hacerse en su momento, ya que cada tres años hay elecciones; por lo pronto, el órgano local electoral emitirá los lineamientos para este tema”, justificó Juárez.
Ya diversos grupos preparan la presentación de amparos contra leyes por esas omisiones, incluidos los integrantes del Grupo Técnico Operativo de la consulta que menciona Juárez, quienes han acreditado, dentro del juicio de amparo que llevan contra el Congreso por no pagarles por su trabajo, la posibilidad real de realizar la consulta y la intención de los legisladores de no hacerla.
La historia de la reforma electoral, en su primera temporada, concluye con una ley aprobada, pero con tantos cabos sueltos que hacen prever una segunda temporada que abrirá una mayor exhibición de la incapacidad y perversión de los diputados, sobre todo de aquellos que hoy ocupan posiciones que correspondían a una representación indígena y trabajan para seguirla bloqueando.
