Por Victoriano Martínez
A una semana de la posible aprobación en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del dictamen sobre la Reforma Judicial, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en el país, al que se sumaron unos 700 integrantes en esta ciudad.
Una movilización de protesta y presión en contra de los cambios propuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la que, a partir de mañana, se sumarán magistrados y jueces de todo el país tras someter a votación su participación: mil 202 votaron por “sí realizar la suspensión de las actividades jurisdiccionales”, en tanto que 201 lo hicieron por el no.
La presión que busca frenar la reforma judicial provocará que a partir de mañana todos los Juzgados y Tribunales del país se encuentren cerrados con las actividades jurisdiccionales suspendidas “con las excepciones que se precisarán en la declaratoria correspondiente”.
Una situación similar a la que se da en los dos periodos vacacionales que se toman al año en el Poder Judicial, tanto federal como estatal, por la que –es de esperar– se suspenden los términos en los asuntos tramitados ante esa instancia.
Entre los 201 jueces y magistrados que votaron por no suspender actividades (el 14.33 por ciento) hay quienes sostienen que el paro es inconstitucional y, en caso de ocurrir, tendrían que responder por los daños jurídicos que se causen.
Roberto Vega Turribiartes, representante de circuito del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, a nombre de los manifestantes locales aseguró que no se oponen la reforma judicial, sino que se pronuncian por reforma integral del sistema de justicia.
“Reconocemos que es muy necesaria, pero pugnamos por una reforma al sistema de justicia en su totalidad: fiscalías, policías, poderes judiciales locales, defensorías públicas, regulación de la abogacía y por supuesto que atienda los problemas reales que aquejan al Poder Judicial de la Federación”, expresó.
Una perspectiva que involucra a personal más allá del Poder Judicial Federal ante la que toma sentido el reclamo de los trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a los jueces y magistrados locales que no se han pronunciado sobre el tema, prácticamente en una actitud de quien ve las barbas de su vecino cortar.
“Las personas impartidoras de justicia del Poder Judicial del Estado no han asumido postura alguna frente a esa eventual reforma,” les reclaman en un comunicado en que los acusan de olvidar su compromiso con la Constitución y olvidar que “en la mayoría de sus casos, gracias a la carrera judicial y a sus propios méritos accedieron al cargo”.
La mención de la carrera judicial hace referencia a uno de los puntos controvertidos de la reforma por versiones de que se contravendrán derechos laborales con su desaparición. El diputado federal Juan Ramiro Robledo Ruiz aseguró que el dictamen incluye un transitorio que garantiza “de manera puntual” que no se contravendrán sus derechos laborales.
De hecho, en el dictamen se establece que la carrera judicial no riñe con la ratificación por la vía del sufragio, en tanto que en la redacción propuesta para el artículo 100 prácticamente se mantiene en los mismos términos con sólo dos cambios: al Consejo de la Judicatura Federal lo sustituye el órgano de administración judicial, y la Escuela Federal de Formación Judicial se convierte en Escuela Nacional de Formación Judicial.
Independientemente de que la reforma judicial responda o no a motivaciones personales o políticas, se ha vuelto aún más controvertida en tanto circulan versiones encontradas sobre su contenido que sólo pueden disiparse si se consulta el dictamen que se someterá a votación el próximo lunes en la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados.
En última instancia, la reforma judicial pone en la agenda pública una urgencia que, si bien puede considerarse que se atiende de manera parcial los propios trabajadores del Poder Judicial, lo dijeron aquí al iniciar su paro, pugnan por una reforma al sistema de justicia en su totalidad.
En tal caso no sólo resulta una omisión digna de reclamo la falta de pronunciamiento de los jueces y los magistrados locales, sino también del resto de los actores del sistema de justicia: fiscalías, policías, defensorías públicas, los gremios de abogados.
