Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado realizó este domingo una reforma sin precedentes: modificó 15 artículos de la Constitución Política del Estado que apenas cinco días antes había aprobado reformar y tres días antes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, es decir, en el segundo día de vigencia modificaron su propia determinación.
Si de sabios es cambiar de opinión, al menos a los 19 diputados que votaron a favor de la reforma hoy reformada les tomó poco tiempo alcanzar esa sabiduría.
Ya no hubo intervenciones en contra y entre las intervenciones de los cinco oradores “en pro” hubo un ligero toque de confrontación, más por protagonismos que por debate de ideas, con argumentos cargados de lugares comunes e imprecisiones, además de expresiones como si no hubiera existido la reforma que ellos mismos aprobaron cinco días antes.
El morenista Carlos Arreola Mallol argumento sobre la necesidad de renovar el Poder Judicial por los niveles de corrupción a los que ha llegado, ante lo que el panista Rubén Guajardo Barrera salió en defensa de los magistrados y jueces que llegaron desde abajo, con carrera judicial, capacidad y honradez.
Las alusiones personales provocaron dos intervenciones más por parte de esos diputados, sin mayor trascendencia.
El petista Héctor Serrano Cortés le atribuyó a la reforma la virtud de que propiciará que en el Poder Judicial se logre la equidad de género, un punto que no fue parte del dictamen que se discutía, sino del paquete de reforma judicial.
Guajardo Barrera aprovechó el desconocimiento de Serrano Cortés y aclaró que actualmente en el Poder Judicial son más magistradas que magistrados.
“Estamos totalmente comprometidos con un proyecto de nación y se ha acreditado en cada movimiento político que ha permitido que este Congreso nos lleve a tomar decisiones, para algunos polémica, pero para nosotros justas y necesarias”, siguió Serrano Cortés anclado a la reforma judicial en general a pesar de que lo que se discutía era un reforma en particular.
En sentido estricto, su expresión sobre una decisión “justa y necesaria” en el marco de la reforma puesta a discusión representa que el Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, de tan corta existencia y que en esa sesión abortaba, corregir la pretensión de control centralizado propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue lo “justo y necesario”.
Por lo evidentemente desfasado del discurso, un hecho es que en ningún momento estuvieron motivados por corregir la pretensión gallardista de simplificar su control sobre el Poder Judicial, más bien tuvieron que hacerlo ante el riesgo de perder puntos como aliados de la Cuarta Transformación.
Un muy corto episodio en cuya recapitulación sobresale la intensión que tuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, autor de la iniciativa “uniinstancial” con un Tribunal unipersonal, que se vio obligado aceptar que se le diera marcha atrás… lo que no borra el hecho de que asomó una postura poco leal a la Cuarta Transformación.
