Estela Ambriz Delgado
Ante la publicación del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de concesiones para minería y agua, Juan Felipe Cisneros Sánchez, miembro del Observatorio Indígena Mesoamericano, consideró que aún se beneficia a las empresas y se pasa por encima de la ciudadanía en general, particularmente de los pueblos originarios al no ser consultados sobre las reformas.
El pasado 8 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; esto en materia de concesiones para minería y agua con lo cual se clarifica cómo serán las concesiones que ahora quedarán bajo el régimen del dominio público de la Federación, además de que se reduce el tiempo de las concesiones de 100 a 80 años.
Sin embargo, desde el Observatorio Indígena consideran que con ello no será posible tener un control real del Gobierno sobre la explotación minera, pues tanto los minerales como el agua seguirán a disposición de las empresas por décadas, sin que haya una consulta libre e informada previamente al otorgamiento de las concesiones.
“Este sigue siendo un viejo truco para darle concesión de los recursos de la nación a las empresas, y me parece que de entrada al no ser debidamente consultada esta ley, se entra de nuevo al marasmo por la disputa por el territorio en México, cosa que es preocupante”.
Asimismo, Cisneros Sánchez señaló que otro aspecto a destacar es que entre las reformas se establece que sólo se les dará el cinco por ciento del beneficio económico de las empresas a las comunidades indígenas, mientras que los inversores se llevarán millones en ganancias.
En ese sentido, consideró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador originalmente tenía el objetivo de que el Gobierno tuviera un mayor control sobre las actividades mineras. Sin embargo, al pasar por diversas modificaciones en las cámaras de Diputados y Senadores, queda una legislación que favorece a las empresas y no a la población.
“Una cosa es lo que propone el presidente, otra lo que define la Cámara de Diputados y el Senado, y al final disque nuestros representantes populares definen una política de la minería que no beneficia en el fondo al pueblo, y que sí sigue revisando el uso de agua para la minería y menos para las comunidades y los pueblos, para los ejidos, para las poblaciones. Hay una gran incongruencia”.
