Por Victoriano Martínez
La desastrosa situación que enfrenta la infraestructura urbana del Barrio de San Miguelito, el más conocido de la ciudad, exhibe –además de la forma en que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona le da la espalda a los derechos humanos de sus habitantes– cómo el mandatario perdió la oportunidad de demostrar que sabe hacer bien las cosas.
Es muy lamentable que Gallardo Cardona exprese que se promovieron “amparos para que no se hiciera la obra”.
Si como gobernador no está obligado a entenderlo, como abogado titulado debería tener claro que los juicios de amparo son un mecanismo legal diseñado para proteger los derechos humanos de las personas cuando son vulnerados por algún acto de autoridad. O cuando menos sus asesores jurídicos se lo deberían hacer ver.
La forma en que impuso las obras en el Barrio de San Miguelito fue uno de esos actos de autoridad con los que vulneró los derechos humanos de los habitantes de esa zona histórica de la ciudad, tan es así que un juez federal decretó la suspensión provisional.
Aun más. La negativa de la suspensión definitiva no ocurrió porque se haya determinado que no se atentó contra los derechos humanos de las habitantes que recurrieron al amparo, sino porque hubo un compromiso por parte de la autoridad para corregir y ajustarse a respetar ciertas condiciones para realizar las obras, lo que quedó registrado ante el juez.
Tras aquel acuerdo, Gallardo Cardona pretendió mal informar con la versión de que se había dado un desistimiento en el juicio de amparo. Tan no es así, que el pasado 30 de agosto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó al juzgado una decena de irregularidades y el proyecto aún sin terminar.
Los compromisos presentados al juez para que no se decretara la suspensión definitiva en el juicio de amparo fueron una falsa señal que dio el gobierno de Gallardo Cardona de que trabajaría para lograr desarrollar un proyecto inclusivo en la rehabilitación del Barrio de San Miguelito.
El resultado es que no hubo ni compromiso ni convicción por hacer bien las cosas. Todo lo contrario: entre las irregularidades reportadas por el INAH al juez destaca la desaparición de los adoquines que se encontraban depositados en bodegas de las calles Coronel Ontañón e Independencia, y daños provocados en inmuebles.
“Se abrieron ranuras de manera irregular (sin autorización de Instituto) en los inmuebles del tramo de la calle de Fernando Rosas a Coronel Ontañón –en la calle Independencia–. Se deberán de regularizar los trabajos, presentar las firmas de los propietarios y la propuesta para resarcir el daño”, indicó el INAH en su reporte al juez federal.
Un incumplimiento de los compromisos ante el Juzgado que muestra cómo a Gallardo Cardona no le importaba hacer bien la obra, sino imponerse en perjuicio de los habitantes del Barrio de San Miguelito, cuya población es mayoritariamente de adultos mayores y una cantidad importante de personas con discapacidad.
Un atentado presente y muy específico en contra de esos grupos vulnerables que contrasta con el discurso propagandístico de ser un gobierno que apoya a esos sectores, cuando hay estadísticas que muestran que se trate de una simulación.
¿Cuántos beneficiarios de sus becas hay en el Barrio de San Miguelito? Bueno sería conocer el padrón. ¿Cuántos han sido afectados por su negligente obra en más de un año? Todos, los que forman parte de esos grupos vulnerables y los que no, quienes han padecido una degradación en su calidad de vida.
Hace una semana, Gallardo Cardona anunció que terminarían la obra para dentro de dos semanas a partir de ahora. Una promesa más condenada a ser incumplida o, de cumplirla, sólo sería con un perjuicio más para los habitantes del Barrio:
“Están tapando las calles sin haber cambiado el drenaje, a pesar de que los planos que nos presentaron indican que el drenaje debía ser reemplazado”, señaló una vecina.
Ni los compromisos ante el Juzgado, ni su obligación por respetar los derechos de los habitantes del Barrio de San Miguelito, ni siquiera un poco de orgullo para respetar la dignidad del cargo que ostenta, contaron para que Gallardo Cardona aprovechara esas obras para demostrar que sabe hacer las cosas bien.
¿Incapacidad? ¿Desquite porque no le permitieron hacerlas a capricho aun pasando encima de los derechos de los habitantes de la zona? Cualquier de las dos es grave, muy grave, y el efecto es el mismo: cientos, quizá miles de personas afectadas física, moral y emocionalmente por quien protestó como gobernador, pero no actúa como tal.
