Islamabad, Pakistán (10 de Marzo).- Pakistán ha puesto fin a la moratoria que pesaba sobre la pena de muerte, vigente desde hace siete años, después de haberla levantado parcialmente para los casos de terrorismo tras el ataque a una escuela ocurrido en diciembre.
El país asiático impuso una moratoria sobre la pena capital en 2008, a la que puso fin parcialmente en diciembre tras ese ataque en el que fallecieron 148 personas -la mayoría estudiantes-, y desde entonces ha ejecutado en la horca a 24 condenados por terrorismo.
El Ministerio de Interior ha ordenado a los gobiernos provinciales que agilicen las ejecuciones de quienes hayan agotado sus oportunidades de apelación y cuyos recursos de gracia hayan sido rechazados por el Presidente”, dijo hoy una fuente de ese departamento gubernamental que prefirió mantener el anonimato.
Grupos de derechos humanos del país asiático se han mostrado contrarios al fin de la moratoria.
Nos oponemos a la pena de muerte, ya sea por casos de terrorismo o del Código Penal. Ahora habrá más ejecuciones después de la ejecución de 24 convictos”, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Zohra Yusuf.
La activista afirmó que el sistema policial y judicial son ineficaces en el país, lo que podría provocar que personas inocentes sean ahorcadas.
La moratoria de ejecuciones fue impuesta en 2008 por el entonces presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, cuya mujer, Benazir Bhuto, estaba llamada a liderar el país pero murió en un atentado semanas antes, en diciembre de 2007.
Bhuto era una firme opositora de la pena de muerte, quizás porque su propio padre, el ex primer ministro Zulfikar Alí Bhuto, fue ahorcado tras ser depuesto en un golpe de Estado en 1979.
Desde 2008 hasta el levantamiento de la moratoria para casos de terrorismo en diciembre solo una persona había sido ejecutada: un soldado condenado por un tribunal militar en 2012.
A pesar de la moratoria, los tribunales paquistaníes continuaron sentenciando a muerte aunque las ejecuciones no se llevaban a cabo.
Amnistía Internacional calcula que unas 8 mil personas están en el corredor de la muerte en cárceles paquistaníes por alguno de los 28 crímenes que contemplan la pena capital, entre ellos asesinato, violación o blasfemia.
La moratoria fue parcialmente levantada como parte de las medidas tomadas por el Gobierno a raíz de un asalto a un colegio en el que murieron 132 menores y varios empleados del centro en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país, el 16 de diciembre.
El principal grupo talibán paquistaní, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó el ataque y lo justificó asegurando que para el “Ejército nuestras familias son objetivos” en las operaciones militares lanzadas contra los insurgentes en las zonas tribales de Waziristán del Norte y Khyber.
El Gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, anunció en julio de 2013 que se reanudaban las ejecuciones solo un mes después de llegar al poder al frente de la conservadora Liga Musulmana (PML-N).
Sin embargo, tres meses más tarde y sin que se hubiese llevado a cabo ningún ahorcamiento, dio marcha atrás y el Ejecutivo informó de que se mantenía la moratoria “de momento”.
Uno de los argumentos más habituales entre los sectores paquistaníes que promueven la pena capital es que casa con los principios de la religión musulmana, que deben regir una república islámica como Pakistán.
Ante este argumento, los defensores de los derechos humanos arguyen que el Corán prescribe la muerte para dos ofensas, pero que en Pakistán se castigan con la máxima pena hasta 28 delitos diferentes.
