Por: Eduardo Delgado.
El pasado sábado se cumplió un año dos meses de la muerte de Diego en un campamento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), durante las actividades realizadas en el complejo acuático “Woow”, y por tercera vez -en menos de un mes- el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Federico Garza Herrera, dijo ignorar si la averiguación ya fue turnada a un juez, quien incluso habría negado la liberación de las ordenes de aprehensión contra presuntos responsables del descuido que originó el deceso del menor.
De manera extraoficial, Astrolabio Diario Digital tiene conocimiento que hace más de un mes el Agente del Ministerio del Fuero Común de Investigaciones Especiales, Hugo César Azuara Arguelles, le consignó el expediente AP/PGJE/SLP/IE/0421/2015 al juez VIII del Ramo Penal, Ernesto Rivera Sánchez.
Quien primero objetó que no era de su competencia porque el accidente ocurrió en el municipio de Villa de Reyes y tras admitir la competencia negó la expedición de las órdenes de captura, con el argumento de que la responsabilidad que les resulta a los presuntos responsables, empleados de la UASLP y del balneario, no es penal sino civil.
El pasado jueves el Procurador informó que en breve se reuniría con el Ministerio Público para conocer el estatus del caso, lo que exactamente declaró en dos ocasiones anteriores: Primero el 23 de agosto y luego seis días después.
Del hecho de que ha transcurrido un año dos meses desde que el menor falleció ahogado, Garza Herrera expuso: “Habría que ver la causa por la que se ha ido el tiempo; a veces no es tan fácil el desahogo de algunas pruebas o conseguir un perito especializado en alguna materia”, justificó.
“No podemos juzgar ni prejuzgar porque cada averiguación tiene su problemática”, añadió.
“Efectivamente se ha ido un año, lo reconozco y estoy pendiente, pero tengo profesionales dados de alta como ministerio Público y a cada uno se le revisan sus actos y si hay una omisión de parte de ellos se sanciona”, abundó.
Se excusó de no saber si la averiguación fue consignada, pues adujo que eso le compete al Ministerio Público y este tiene “libre albedrío y facultad para pronunciarse”.
Con cada representante social, explicó, “tengo acuerdo, me informan y en función de ello me enteró cual es el devenir, giró instrucciones, pero no puedo meterme en la averiguación”, esgrimió.
