Por Victoriano Martínez
La mala relación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con los burócratas estatales, incluido el sector magisterial, inició desde los primeros días de septiembre de 2021, cuando el nuevo gobierno desde dos semanas antes de entrar en funciones ya adelantaba instrucciones para que todos los trabajadores se presentaran a sus oficinas sin importar las medidas sanitarias.
Con el inicio de la administración vinieron los despidos injustificados que desembocaron en los plantones que mantienen frente al Palacio de Gobierno los sindicatos Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) y el Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE).
Los atentados contra los derechos de los trabajadores no se han limitado a las condiciones que dejan ver un cierto acoso laboral, además de los despidos injustificados, sino que también se ha caído en el extremo de retrasar los pagos de sueldos y prestaciones.
En cuestiones de salarios y prestaciones, los casos más extremos los ha denunciado el SITTGE, con distintos grupos de trabajadores a quienes se les adeudan sueldos y aguinaldos, y los casos de los pensionados de Telesecundarias.
Los maestros de telesecundarias realizaron el pasado mes de noviembre una movilización por el pago de su quincena y el retraso en el pago de una prestación denominada Bono RZ, que no se les cubrió porque el dinero se desvió para financiar las actividades del Xantolo en tu Ciudad.
Regatear el sueldo a los trabajadores ha sido una característica que comparte el gobierno de Gallardo Cardona con el de sus antecesores, y una muestra de esa continuidad es la forma en que han litigado el pago de homologaciones y horas trabajadas no pagadas a los que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los ha sentenciado.
Una acumulación de reclamos ante los que Gallardo Cardona ha recurrido a dos intentos de aparentar que se logran acuerdos con las representaciones sindicales: el 8 de noviembre con el SUTSGE y el 22 de febrero con el SITTGE.
En el caso del SITTGE, este martes 15 de marzo lo que fue descrito por Gallardo Cardona con un “para jalar juntas y juntos al nuevo San Luis Potosí, nos reunimos con líderes sindicales. Trabajaremos de la mano en mesas de trabajo para resolver problemas sindicales” hace tres semanas quedó exhibido como una llamarada propagandística.
El plantón instalado frente a la Oficialía Mayor se acompaña con acusaciones contra el gobierno de Gallardo Cardona de violaciones a derechos humanos y laborales, además de una evasión por todos los medios el pago de sueldos, aguinaldos y prestaciones.
Entre algunos integrantes de los sectores inconformes por la omisión en pagos de sueldos, aguinaldos y prestaciones ha comenzado a surgir una alternativa que, como posibilidad, se comienza a evaluar: solicitar un juicio político en contra de Gallardo Cardona como titular de la parte patronal.
Entre los razonamientos que abren esa posibilidad se encuentra lo que establece el artículo 8 de la Ley de Juicio Político estatal en su fracción IV: El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por: (…) IV. Por el manejo indebido de fondos y recursos públicos.
De acuerdo con quienes han considerado esta opción, el manejo indebido de fondos y recursos públicos se configura desde el momento en que el presupuesto que debe aplicarse al pago de sueldos y prestaciones no se utiliza para ese fin. El caso extremo fue el bono de los telerines desviado al Xantolo en tu Ciudad.
Un uso indebido de los recursos públicos que tiene además como agravante la violación a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado: al artículo 40 cuando no se paga a tiempo el salario, y al artículo 42 cuando no se paga el aguinaldo.
Si bien pareciera que los diputados sumisos al Ejecutivo le buscan allanar el camino para facilitarle los despidos sin incurrir en responsabilidad, lo que dejan ver las inconformidades sindicales tiene una ruta muy diferente, que podría exhibir aún más la sumisión del Legislativo al grado de encubrir violaciones a la ley por parte de Gallardo Cardona.
