Por Victoriano Martínez
Si el 77.3 por ciento de los potosinos se sienten inseguros puede ser un error de percepción y, sin dejar de ser una sensación de inseguridad para preocupar, la autoridad –con sus otros datos– puede asegurar que sus estrategias en la materia no son fallidas.
Los semáforos delictivos, el crecimiento de los índices en la comisión de delitos, el aumento en el número de empresas víctimas de delitos, y cualquier otra información similar, también podrían ser descalificados por la autoridad –con sus otros datos– como indicadores de estrategias de seguridad fallidas.
Pero que el titular de la corporación policiaca que tiene como visión “posicionar al Estado como uno de los más seguros del país, a través de la implementación de las estrategias de prevención y combate al delito, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos” califique la estrategia de seguridad como “por demás fallida” es otra cosa.
Que ese calificativo sea parte del preámbulo para renunciar al cargo, si bien no puede significar necesariamente que no tengan otros datos, sí representa que sus “otros datos” tienen que ser seleccionados convenencieramente para intentar hacer creer que cumplen su obligación de “prevenir y disuadir todo hecho constitutivo de delito”.
La de Raúl Alanís Beltrán no es cualquier renuncia, es un documento que abona a señalamientos que desde el Congreso del Estado y otros foros se han dado en contra de las estrategias de seguridad del gobierno estatal pero, sobre todo, contra Jaime Pineda Arteaga como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
No obstante, los señalamientos en el texto abren dudas que colocan a Alanís Beltrán como un informante que debe aportar completa la información que deja ver en su escrito de renuncia, además de hacer necesario un posicionamiento directo del gobernador Juan Manuel Carreras López.
¿Cuáles son esas órdenes directas que Pineda Arteaga da a los elementos de la corporación que considera incorrectas y porqué las considera incorrectas? Sobre todo porque asegura que lo hace así “porque sabe que no me presto a esa clase de irregularidades”.
Si Pineda Arteaga incurre en irregularidades, lo más correcto por parte de Alanis Beltrán es que –además de mencionarlas en su renuncia– presente la denuncia o las denuncias que correspondan.
“No dejo de omitir que incluso le oculta información importante”, le advierte Alanis Beltrán al gobernador Juan Manuel Carreras López. ¿Qué información le oculta Pineda Arteaga? ¿Él le proporcionaba esa información al gobernador? Si así lo hacía, ¿cómo reaccionaba Carreras López? Si no lo hacía, ¿por qué?
Carreras López tendrá que fijar su postura ante el dato revelado por Alanis Beltrán en el sentido de que Pineda Arteaga incumplió sus instrucciones de dar todo el apoyo a la Dirección de Seguridad Pública del Estado. ¿Cuántas otras instrucciones no atendía? O, peor aún, ¿cuántos otros funcionarios de su gabinete no le hacen caso?
Se trata de situaciones que tienen que ser aclaradas pública y directamente por el gobernador y no por el funcionario señalado, como en la rueda de prensa de la tarde de este miércoles se trató de hacer.
El titular del Ejecutivo es Juan Manuel Carreras López y, como tal, el responsable de garantizar la seguridad pública a los potosinos. Evadir emitir una postura pública sería tanto como claudicar al liderazgo al que está obligado para cumplir con las obligaciones del cargo que ocupa.
