Desiree Madrid
El desfalco millonario en la Dirección de Pensiones del Estado sigue sin resolverse; aunque los responsables han ofrecido bienes inmuebles como parte de la reparación del daño, el titular de la dependencia, Luis Arturo Coronado Puente, advirtió que la oferta es insuficiente y que la institución no aceptará una compensación menor al daño causado.
Coronado Puente explicó que los implicados en el fraude han propuesto la entrega de dos inmuebles, cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente 22 millones de pesos. Sin embargo, el monto dista considerablemente de la cantidad real del perjuicio financiero, ya que solo una de las carpetas de investigación en curso documenta un daño de 183 millones de pesos.
“Ellos quieren otorgar unos bienes inmuebles a los cuales les dan cierto valor, pero para nosotros tienen otro valor, y es ahí donde comentamos que no se ha cubierto ese daño patrimonial. Estamos lejos de que la reparación del daño sea completa”, declaró el funcionario.
El titular de Pensiones subrayó que la propuesta de la dependencia es clara: la reparación del daño debe cubrir la totalidad de los recursos desviados y no solo una fracción de ellos.
Si bien los responsables han señalado que podrían aportar más bienes, la Dirección de Pensiones insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar la recuperación completa de los fondos sustraídos.
Por ahora, las negociaciones entre la Dirección de Pensiones y los responsables del desfalco continúan. Sin embargo, la postura del Gobierno del Estado es firme: la reparación del daño no puede basarse en una valoración arbitraria de los bienes entregados, sino en un cálculo justo que realmente compense las pérdidas sufridas por la institución.
En enero del año pasado se capturo a siete personas por el desfalco de Pensiones, de las cuales tres se presumía eran ex funcionarios: Arturo N., Ricardo N., Ana Lilia N., Manuel N., Juana Patricia N., Ana Paola N. y Neftalí N.
En su momento, el entonces fiscal general José Luis Ruíz Contreras declaró que el monto del desfalco podría llegar a los 700 millones de pesos.
“Lo que se reclama son 200 millones de pesos con expectativa a que se incrementen a 700, de acuerdo a los datos que las investigaciones han arrojado”.
