Por Samuel Estrada
Solo en dos de treinta casos, las víctimas han accedido al fondo de reparación integral que maneja la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó su comisionado presidente Jorge Vega Arroyo. Aseguró que no se trata de un trámite “burocrático”, pero tampoco el Estado tiene porque reparar los daños cuando alguien comete algún delito.
Detalló que de acuerdo a las reglas del fondo, hay un tope de recursos que se le puede dar a una víctima y es de 500 unidades de medida y actualización (UMA) es decir alrededor de 38 mil pesos.
Además, según la nueva ley, para pagar una reparación en el caso de delitos se requiere que exista una sentencia judicial y en el caso de violación a los derechos humanos es indispensable una recomendación de parte de un organismo de Derechos Humanos.
Asimismo comentó “no es que sea ahora más burocrático, sino que se trata de maximizar el recurso y no mandar un mensaje equivocado de que cuando se comete un delito, el Estado es quien deba pagar el daño; de ninguna manera, en primer instancia quien debe reparar el daño es el responsable, quien cometa el delito”.
Finalmente y cuestionado al respecto, admitió que en el caso de Enrique N. el joven asesinado a manos de Policías Ministeriales en la colonia Las Julias, sus familiares no han podido acceder a este fondo porque aún no hay una sentencia y en cuanto esto suceda, pues las personas responsables serán las primeras en tener que reparar el daño, es decir en aportar los recursos para el resarcimiento y segundo lugar, la corporación, es decir la Policía Ministerial o la propia PGJE.
