Abelardo Medellín
El Poder Judicial del Estado no debería cerrar sus puertas por la crisis sanitaria de COVID-19, ya que esto vulneraría el acceso a la justicia de los potosinos y afectaría económicamente a los abogados litigantes que dependen del funcionamiento normal de estas oficinas, señaló Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes, Especialistas En Oralidad A.C en la entidad potosina.
El día de ayer la autoridad judicial informó que el Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado decidieron suspender las actividades y los términos procesales de los juzgados de primera y segunda instancia, así como de los órganos jurisdiccionales administrativos del 28 de enero al 9 de febrero del 2021, para mitigar los contagios derivados de la pandemia de coronavirus.
Cabe mencionar que esta medida no se aplicará de forma total a los juzgados penales del Sistema Tradicionales y de Justicia Especializados en Adolescentes y ejecución de medidas, turnando para estos guardias que atiendan asuntos urgentes.
Sin embargo, y pese a que el cierre no es total, el presidente de la Asociación de Abogados aseguró que el cierre de oficinas es una medida equivocada que no debería aplicarse ya que, apuntó, hasta ahora las medidas preventivas que han aplicado en el Poder Judicial han sido efectivas.
“Las medidas que implementaron en la entrada como en cada juzgado sí sirven, hay protecciones en cada juzgado, en cada ventana, en cada acceso, no hay acceso más que en las audiencias y contadito, no hay una gran necesidad de cerrar, aunque esto se haga de una manera preventiva”, insistió.
Efraín Torres explicó que lo preocupante de la medida que aplicará el Poder Judicial es que se convierta en una antesala de un próximo cierre más prolongado: “para nosotros es preocupante que esto se convierta en una cadena de ampliaciones de prórroga, eso sí nos preocupa y entonces sí estaríamos en una situación de inconformidad, porque la impartición de justicia es una necesidad básica”, remarcó.
Además, advirtió que, de cerrar los juzgados, se verían afectados más de mil abogados que dependen de estas oficinas, y correrían el riesgo de perder su fuente de ingresos; asímismo, aseguró que más de cinco mil procesos legales se verían detenidos y esto provocaría que la ciudadanía desista de sus denuncias, demandas y procesos.
Cabe recordar que el Poder Judicial del Estado ya había pasado por un cierre de oficinas del 20 de abril al 30 de mayo del 2020, parecido en forma al de esta ocasión y que, según el presidente de la Asociación de Abogados, también representó una medida perjudicial.
Destacó que “en ese tiempo se perdieron muchos asuntos que los abogados ya tenían en sus manos porque la gente decía ‘no estás haciendo nada, aunque esté cerrado, pues yo mejor busco otras opciones’ y se perdieron […] eso trajo una situación en la cual muchos abogados terminaron en una situación económica crítica, al grado que en las asociaciones tuvimos que llevar despensas a algunos compañeros, entonces dejaron despachos sin trabajo, dejaron deudas para los abogados y en el Poder Judicial se lo tomaron como vacaciones”.
Efraín Torres señaló que el cierre del 2020 es un ejemplo perfecto de lo que podría pasar si vuelven a cerrar las oficinas del Poder Judicial este año, y recordó que en aquella ocasión, luego de concluyera el periodo de cierre y los abogados volvieran a los juzgados, se percibió un retraso mayor, consecuencia de que los secretarios de acuerdos y trabajadores de los juzgados no llevaron el trabajo del Poder Judicial a casa y se tomaron el cierre de oficinas como un descanso.
Por último, hizo un llamado a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que “se mantengan las mismas medidas y que si quieren implementar algo más, pues que se apliquen en medidas, pero no el cierre, quizá proceso más lento, audiencias más espaciadas, pero de ahí en fuera, la protección la vemos adecuada, tiene las medidas y todo muy cuidado, no me explico por qué estar cerrando”.
