María Ruiz
El levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tamazunchale, Matehuala y Tamuín, representa un retroceso en los mecanismos de garantía para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aseveró Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada y defensora de los derechos humanos.
La especialista afirmó que la AVGM es un instrumento único en América Latina, concebido para hacer exigible el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, a través de la implementación de medidas específicas que los municipios deben cumplir.
Urenda Navarro Sánchez argumenta que, desde su planteamiento inicial, la alerta debería haber funcionado como una política pública efectiva, pero terminó siendo una serie de medidas mínimas que los municipios deben garantizar para proteger a las mujeres.
Navarro Sánchez expresó su preocupación de que el levantamiento de la alerta no se base en el cumplimiento total de las medidas estipuladas en las declaratorias para cada municipio. Destacó que, aunque la solicitud de la alerta se realiza debido al número de feminicidios u otras formas de violencia de género, el objetivo principal de la alerta es abordar un contexto de violencia feminicida que requiere intervención urgente.
El proceso para evaluar el cumplimiento de estas medidas ha sido objeto de cambios y ajustes. Sin embargo, según Navarro Sánchez, estos cambios parecen alinearse más con una narrativa política nacional que busca disminuir los indicadores de violencia, en lugar de reflejar una reducción real de la violencia feminicida.
“Anteriormente no estaba claro cuáles eran los criterios para levantar una alerta de violencia de género. En el acto protocolario reciente no se especificó el diagnóstico o las evidencias que respaldan el cumplimiento de las medidas en los municipios afectados. Para las mujeres y la ciudadanía, la transparencia en este proceso es crucial, así como contar con documentación objetiva que demuestre el cumplimiento de las acciones estipuladas”.
Urenda Navarro advirtió que esta situación podría llevar a la desmovilización e invisibilización de la realidad de la violencia contra las mujeres, y subraya la importancia de que las autoridades justifiquen públicamente sus decisiones.
Además, concluyó en que el levantamiento de la AVGM, tal como se ha presentado, parece ser más una estrategia política que un compromiso real con los derechos de las mujeres.
“Esta controversia pone de manifiesto la necesidad de mayor claridad y participación de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la violencia de género. La pregunta clave sigue siendo si las condiciones de vida de las mujeres han mejorado efectivamente en estos municipios, o si el levantamiento de la alerta responde a una comprensión limitada de la problemática por parte de las autoridades”.
