Maria Ruiz
Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció su intención de retirar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en la capital, al igual que en los municipios de Matehuala, Tamuín y Tamazunchale, la defensora de derechos humanos, Arely Torres Miranda, expresó su preocupación y enojo ante lo que considera una decisión precipitada y peligrosa.
Torres Miranda, abogada y activista en la defensa de los derechos de las mujeres, calificó como “desesperante” el hecho de que las autoridades municipales, estatales y federales tomen estas decisiones desde lo que ella describe como una “burbuja de privilegio”.
Según la defensora, quienes cuentan con acceso a seguridad inmediata y respuesta de las autoridades parecen ignorar la realidad que vive la ciudadanía común, en especial las mujeres.
“Nosotras, la ciudadanía de a pie, seguimos viendo que no hay condiciones para levantar estas alertas, no hay condiciones para que las mujeres nos sintamos seguras, libres o con la capacidad de vivir una vida sin violencia”, expresó Torres.
Además subrayó que las violencias hacia las mujeres se están naturalizando y minimizando, lo cual se refleja en las acciones de las autoridades.
La activista hizo referencia al caso reciente de Lupita Viramontes, en donde el feminicida podría ser liberado, lo que según ella dejaría a la familia de la víctima “a merced de este asesino”, quien no solo les quitó la vida de su ser querido, sino que ahora también les arrebataría su paz y tranquilidad.
“Hay una indolencia absoluta hacia la forma en que las mujeres habitamos este país”, agregó Torres Miranda.
La abogada también denunció el clima de inseguridad que viven las mujeres en la capital potosina y vivir una situación “de terror”, pues muchas ya no salen a las calles después del anochecer debido a la creciente ola de robos.
Criticó que el presidente municipal minimizara esta problemática al sugerir que los reportes de robos son solo “mala publicidad”. Para las mujeres, dijo, los robos no solo representan la pérdida de objetos materiales, sino un riesgo directo a su vida.
Finalmente, Torres hizo un llamado a la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Marta Orta Rodríguez, para que no se desatienda el trabajo en favor de las víctimas, recordando la labor de su antecesora, Guadalupe Almaguer.
“Borrar en un papel la declaratoria de alerta no significa que se haya saldado la deuda histórica que tienen los gobiernos con las mujeres”, concluyó la defensora.
La decisión de Enrique Galindo también ha generado un fuerte debate entre activistas y grupos de derechos humanos, quienes consideran que retirar la Alerta de Violencia de Género en un contexto de creciente inseguridad podría poner en mayor riesgo a las mujeres potosinas.
