Carlos Rubio
En una audiencia llevada a cabo el pasado 2 de septiembre en las instalaciones del Centro Integral de Justicia Penal, un juez de control ordenó reanudar la investigación en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, quien fue denunciado en el 2018 por delitos de peculado, falsificación de firma y uso de objeto o documento falso o alterado.
Las acusaciones en contra de Fernando Chávez se remontan a la anterior Legislatura, cuando fungía como diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. El funcionario público, junto con sus compañeros, operaba “haciendo solicitudes de apoyo falsas para cobrar el apoyo legislativo mensual que se les otorgaba”, recordó Oscar David Reyes Medrano, activista y asesor jurídico que fue parte de la investigación que reveló este modus operandi.
En el caso del secretario de la SCT, Chávez Méndez, solicitó a la Junta de Coordinación Política –que él presidía– dos apoyos por 94 mil 543 pesos para la supuesta compra de 650 despensas para un campesino de 83 años de nombre Alejandro Alvarado Reyna, originario de la comunidad de La Palma en Salinas de Hidalgo.
“El señor nos dice ‘yo ni conozco al diputado, yo nunca pedí nada ni nunca recibimos nada ni a la comunidad le dio despensas’”, comenta Reyes Medrano sobre el testimonio de Alejandro, quien vive en un lugar “empobrecido”.
En la querella penal se adjuntaron como pruebas las facturas de las supuestas empresas a las que se les pagó por las despensas; Comercializadora Delger S.A. de C.V. y Comercial Avidro S.A. de C.V. se confirmaron como las empresas fantasma que emitieron los comprobantes fiscales apócrifos.
Cabe recalcar que tiempo después de los señalamiento en su contra, en 2019 el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, nombró como titular de la SCT a Fernando Chávez Méndez en sustitución de Juan Ramiro Robledo López.
Hubo omisiones en la investigación
En el primer intento de llevar ante la ley al ex diputado Fernando Chávez, agente del Ministerio Público a cargo del caso, José Pérez Saucedo, intentó darle “carpetazo” al decretar el no ejercicio de acción penal, una “lamentable” acción según considera Reyes Medrano.
“El Ministerio Público que entonces estaba no hizo ni madres, todos los datos de pruebas los aportamos nosotros (…) ni si quiera se le avisó formalmente a Fernando Chávez que tenía denuncia, no lo molestaron ni con el pétalo de una rosa”.
David Reyes agregó que, posteriormente, el mismo agente del Ministerio Público estuvo a cargo de un caso en contra de la ex diputada por el Partido Acción Nacional, Xitlalic Sánchez Servín, y otro más de Ricardo Gallardo Juárez, a los cuales, de la misma forma, decretó el no ejercicio de acción penal.
La Fiscalía deberá retomar el caso
En la audiencia, el juez de control resolvió que no se cumplió con la justicia completa que establece el artículo 17 de la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
“Se echa para abajo este acuerdo y ahora se tiene que regresar la carpeta de nueva cuenta a la Fiscalía y ahora sí vamos a estar chingue y chingue para que se cumplimenten las investigaciones”.
Reyes Medrano consideró que es “evidente que la Fiscalía le echó mano a este alto funcionario del Gobierno del Estado, que no es poca cosa”.
Por último, el asesor jurídico espera que este tema concluya en lo que resta del año, ya que pareciera que las autoridades esperan que pase el tiempo y los diputados señalados puedan librarse bajo la preescripción del delito. Además, sería ideal que se resolviera antes del periodo electoral del 2021 “porque sino van a estar chillando diciendo que es perscución política”.
