Por Victoriano Martínez
Nuevamente en plantón, María de Jesús Almendárez Prieto anunció que reúne a un grupo de víctimas con la intención de solicitar la destitución de Jorge Vega Arroyo como titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), porque ha convertido a la institución en una dependencia más que los victimiza.
Almendárez Prieto dijo que su caso es sólo uno más, y ha tenido que recurrir una vez más a solicitar un amparo en contra de una resolución de la CEEAV en la que presuntamente se acuerdan las medidas de reparación integral por las recomendaciones 03/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 61/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Y es que Vega Arroyo me está diciendo prácticamente gracias por participar, no me repone ni todos los gastos que he tenido que hacer para los trámites aquí y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni se apega a las medidas de satisfacción”, expresó.
La CEEAV emitió la resolución CIE-11/2017 el pasado 26 de junio, y tras ser notificada a Almendárez Prieto, ella recurrió a la solicitud de amparo el 25 de junio, en la que afirma que entregó, por vía de reposición de gastos, 25 mil 43 pesos a Almendárez Prieto y en su plan de reparación programa 42 sesiones de terapia psicológica con un costo de mil 200 pesos cada una.
La violación principal por la que solicita el amparo es porque no se le respeto su derecho de audiencia, cuando ella tenía que hacer valer el reconocimiento de los gastos que le provocó gestionar que se respetaran sus derechos al haber sido removida en distintas ocasiones entre dependencias de la administración estatal, así como opinar sobre las medidas de satisfacción.
En su solicitud de amparo, reproduce tres fracciones de la Ley de Atención a Víctimas para hacer referencia a otras formas de compensación.
“Si la Comisión Ejecutiva hubiera determinado como medida de satisfacción la establecida en la fracción IV, que es una disculpa pública, y dicha medida sería una de las más satisfactorias para la suscrita, toda vez que , de acuerdo a mi caso, el daño generado por los servidores públicos responsables, consistió en causarme un descrédito como trabajadora”, expone en el texto.
En su solicitud de amparo, Almendárez Prieto presenta varias tablas de gastos adicionales relacionados con sus trámites en la CEDH y la CNDH, cuyos montos suman 16 mil 123.23 pesos.
Agrega que aunque la CEEAV señala como medida para resarcir el daño la prestación de asesoría jurídica administrativa por parte del área de esa misma dependencia, cuando en los momentos en que realmente los requería no cumplió.
“No cumplió con su obligación y para efecto de no correr la misma suerte que en el Proceso Penal 101/2014 que se lleva en el Juzgado Quinto del Ramo Penal, me vi en la necesidad de contratar a un Abogado particular y en consecuencia me ha causado un deterioro grave a mí patrimonio”, señala en su petición de amparo.
Almendárez Prieto estuvo este lunes en plantón frente al Palacio de Gobierno donde la acompañaron cuando menos otras tres víctimas a quienes la CEEAV, lejos de apoyarlas, las ha vuelto a victimizar.
“Nos estamos juntando varias víctimas porque a todos, de una manera o de otra, Vega Arroyo desde la CEEAV nos revictimiza, por eso estamos pensando en pedir su destitución”, anunció.
