Por Victoriano Martínez
La búsqueda de justicia por parte de las víctimas en el Estado se ha caracterizado, en los últimos sexenios incluido el actual, por una constante: su revictimización.
De poco ha servido la creación de instituciones especializadas en defender sus derechos humanos o en atender sus necesidades de una defensa jurídica y promoción de su reparación porque sus fines son desvirtuados a tal extremo por quienes las suelen encabezar, que se han convertido en la expresión de una violencia institucional revictimizante.
La lista de agravios en contra de las víctimas, tanto en lo individual como en lo colectivo, es tan larga que, ante las expresiones, casi gritos desesperados, que en los dos últimos días exigen cambios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), cualquiera podría pensar que “se habían tardado”.
Ambas instituciones han contado con directivos en los últimos sexenios que, lejos de acreditar una auténtica representación de los intereses de las víctimas, han adoptado tales actitudes que quienes tendrían que ser apoyadas finalmente se ven obligadas a promover acciones y litigios ante sus derechos regateados.
Han pasado presidentes de las CEDH y CEEAV que han tenido que ser acusados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violar los derechos de las víctimas, o incluso ante la justicia federal para hacer valer la reparación del daño negada injustificadamente, pero también para ¡exigir el reconocimiento como víctima!
Quejas ante la CNDH de las que han resultado recomendaciones. Litigios ante juzgados federales que han generado sentencias tanto por reparaciones de daño integrales como por que a una víctima se le reconociera como tal.
Una larga cadena de situaciones tan aberrantes que tienen un origen: el mecanismo que se aplica para que esos personajes que lleguen a ocupar la titularidad de ese tipo de organismos.
Los titulares de ambos organismos son nombrados por el Congreso del Estado y, por lo tanto, son producto de las nefastas negociaciones que se dan entre los diputados, contaminadas por los intereses partidistas, más guiados por beneficiar a grupos pandilleriles que por buscar el bien común.
Giovanna Itzel Argüelles Moreno llegó a la presidencia de la CEDH tras una votación en el Congreso del Estado que estuvo precedida por 23 rondas en las que ninguna de las candidatas obtuvo la mayoría calificada.
La sospechosa forma en que se destrabó la larga secuencia de votaciones da elementos a las víctimas que hoy se quejan del mal desempeño y mal trato que Argüelles Moreno les da para reclamar que si llegó de manera ilegítima, no fue capaz de procurar legitimarse, sino que con su actuar sólo confirma que no es apta para el cargo.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado tampoco resulta una instancia que dé su lugar a las víctimas. El miércoles pasado casi dejó plantado a un grupo de víctimas con quienes tenían programada una reunión, de no ser porque las atendió sola la diputada Gabriela Martínez Lárraga, su presidenta.
Ahora queda por ver si Martínez Lárraga tiene capacidad de convencer a sus compañeros para cumplir los compromisos que hizo con las víctimas, por mucho que haya argumentado que se deben cubrir procedimientos. El caso es que hay demandas específicas por parte de las víctimas: que comparezca Argüelles Moreno, y que se le destituya.
Martínez Lárraga adelantó que no están para “cortar cabezas”. “Dicen que no hay que cortar cabezas, que no se trata de eso, pues tampoco se trata de aguantar más años de omisiones y revictimización”, le reviró Griselda Haro, víctima de Noria de San José.
La manifestación de este jueves en contra de la directora jurídica de la CEEAV, Erika Betzabé Martínez Ledezma, no es el primer señalamiento que se le hace. Como aspirante a la titularidad de la Comisión este mismo año fue señalada por otras víctimas por no ser una persona apta para el cargo.
“Estamos aquí por las víctimas que les quitaron la voz. Hemos sido engañadas y enfrentamos los malos hábitos de las instituciones”, dijo María del Rosario Torres Mata, de la Asociación de Fe y Esperanza Christian.
Dos instituciones, la CEDH y la CEEAV, por las que han pasado personajes como Jorge Vega Arroyo y Jorge Andrés López Espinosa, de desagradable memoria para las víctimas, pero con una capacidad trepadora que hoy el primero es subsecretario de Gobierno, en tanto que el segundo es titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.
Dos personajes que agravaron la violencia institucional contra las víctimas a su paso por la CEDH y la CEEAV uno, y el otro sólo por la CEDH, que, desde sus nuevas posiciones, sólo confirman las pocas posibilidades de que se modifique el trato revictimizante contra quienes sólo piden justicia.
