Revisarán diputados este lunes sentencia sobre juicio político contra exlegisladoras

Eduardo Delgado

Los integrantes de las comisiones de Gobernación y de Justicia en el Congreso del Estado han sido citados para sesionar este lunes, a fin de atender la sentencia del tribunal federal sobre el juicio político contra sus antecesoras Rebeca Terán Guevara y Xitlálic Sánchez Servín, informó el presidente de la primera de ambas comisiones, Martín Juárez Córdova.

Ello, luego de que la LXII Legislatura fue notificada de la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la que les ordenó a ambas comisiones anulen el dictamen aprobado el 21 de junio de 2018 en sesión del Poder Legislativo por el que quedó desechada la demanda de juicio político y evalúen “única y exclusivamente” si las exdiputadas son sujetas de juicio y que las conductas imputadas son sancionables.

“Nosotros tenemos reunión este lunes para hacer el análisis y revisión (de la sentencia). Estamos solicitando el expediente para reunirnos el lunes porque (en la sentencia del tribunal federal) nos dan un tiempo determinado para emitir una opinión al respecto”, abundó Martín Juárez.

Las exlegisladoras Rebeca Terán y Xitlálic Sánchez presidieron las comisiones de Gobernación y de Justicia durante la LXI Legislatura (2015-2018), las cuales no dieron el debido trámite a la demanda de juicio político promovida en su contra por no haber realizado de manera oportuna el procedimiento para designar a la presidenta o presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), luego de que el plazo culminó el 27 de septiembre de 2017 y resolvieron el 8 de marzo del año anterior.

Martín Juárez, correligionario político de Rebeca Terán, anunció que el lunes “valoraríamos las causales que están señalando y en base a ello emitir una postura”, que “tiene que ser definida” de manera conjunta entre ambas comisiones. Cada una integrada por siete diputados, pero en ellas repiten tres.

Dijo que el tribunal federal les fijó un plazo de 72 horas en días hábiles, contados a partir de que les fue notificada al Congreso la sentencia, aprobada unánimemente por los tres magistrados integrantes de Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 

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