Por Victoriano Martínez
El Juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral revocó este viernes el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de despojo, amenazas y lesiones en la comunidad de Noria de San José, que ha dado pie a cuando menos dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la audiencia de impugnación por parte de los afectados por la empresa American Industries, S.A. de C.V., que con el consentimiento de autoridades, destruyó parte de un predio cuya propiedad no tenía plenamente acreditada, el juez llamó la atención a las representes de la FGE y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Griselda Haro Dávila, integrante de la familia afectada por la destrucción del restaurante como parte de las acciones de despojo, consideró que la determinación del juez demuestra el trabajo sucio que ha desarrollado la Fiscalía General del Estado, que favorece a la empresa y afecta a las víctimas de Noria de San José.
Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por la Ministerio Público adscrita a la Unidad de Trámite Común de la Mesa II, Rosa Almendarez Vega, admitió que en su determinación de no ejercicio de la acción penal no tomó en cuenta las pruebas presentadas por los afectados.
Tras llamarle la atención por incurrir en esa omisión, el juez Ranulfo Rodrigo Cano Vargas ordenó a la Ministerio Público realizar una nueva resolución dentro de la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SA/02098/2016, abierta por los delitos de “daños a las cosas, robo, despojo y lo que resulte”.
Entre las instrucciones del juez, pidió a la Fiscalía tomar en cuenta las pruebas presentadas por los afectados, entre las que se encuentran los videos de las cámaras con que contaba el restaurante destruido.
La Ministerio Público Almendarez Vega emitió la determinación del no ejercicio de la acción penal el pasado 11 de septiembre y la notificó a los seis días a los afectados, quienes la impugnaron ante el Juez de Control.
Cano Vargas señaló además omisiones por parte de la asesoría de la CEEAV por no acordar promociones para aportar las pruebas conducentes o, en su caso, solicitar una audiencia ante el juez, como lo establece el Código Penal.
Haro Dávila comentó que estas omisiones por parte de la CEEAV muestran el contubernio entre la Fiscalía y la oficina de atención a víctimas, a cargo de Jorge Vega Arroyo.
La afectada por las acciones de la empresa y las omisiones de la Fiscalía y la CEEAV mencionó que existe un antecedente sobre la actuación irregular de la FGE.
Informó que las víctimas de Noria de San José presentaron una queja ante la Visitaduría de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del ahora fiscal Federico Garza Herrera porque incurrió en conflicto de intereses al actuar en un asunto en el que es parte en el litigio sobre la propiedad abierto en un juicio abierto en el Tribunal Agrario.
Mencionó que desde 2015 se le notificó a Garza Herrera, como representante del gobernador Juan Manuel Carreras, sobre ese juicio, iniciado por la ejidataria que vendió los predios a los ahora afectados por los daños a las cosas, robo, despojo y otros delitos.
Consideró que la entonces Procuraduría no debió intervenir en apoyo a la empresa que incurrió en el despojo, porque como autoridad conocía de ese litigio, incluso como parte, lo que lo hace incurrir en un conflicto de intereses.
