Eduardo Delgado
La resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por la que desechó el reclamo de miembros de comunidades indígenas asentadas en la capital, fue anulada este martes por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Monterrey, Nuevo León.
Con esta suman al menos cinco sentencias del tribunal local revocadas en lo que va del año en la Sala Regional; esta y la anterior relativas a la integración de la Junta Directiva de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas (UAPI) en el Ayuntamiento capitalino.
Otras dos respecto del Ayuntamiento de Matehuala y la ex regidora en el cabildo de ese municipio y una relacionada al reclamo de una agrupación política.
Esta vez, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el magistrado Ernesto Camacho Ochoa y la magistrada en funciones, Elena Ponce Aguilar, avalaron que el tribunal local determinó de manera errónea que los quejosos no tenían interés jurídico para reclamar.
Las inconformes, integrantes de las comunidades tének, náhualt y otomí, objetaron que el Ayuntamiento capitalino no les consultó para definir el método para conformar la UAPI.
En la Sala Regional del TEPJF se resolvió que las demandantes, todas mujeres, “sí cuentan con interés legítimo para reclamar la omisión atribuida al Ayuntamiento de realizar la consulta”.
Porque, señalaron, “es criterio generalizado” de la Sala Regional que al tratarse de derechos humanos colectivos, de pueblos y comunidades indígenas, como la consulta plena e informada “implica permitir a cualquiera de sus integrantes instar su defensa ante cualquier autoridad jurisdiccional”.
En sesión celebrada este martes por video conferencia, el pleno de la Sala Monterrey resolvió el expediente con la clave SM-JDC-31/2022, conforme al proyecto propuesto por la magistrada presidenta, Claudia Valle Aguilasocho.
A su vez, el pasado 24 de marzo, la magistrada Dennise Porras, el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, respaldaron la resolución propuesta por la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, por la que fue desechada la impugnación de las inconformes.
