Alejandro Rubín de Celis
El exabrupto de Javier Alatorre con el “ya no le haga caso a Hugo López-Gatell” destinado a la audiencia de TV Azteca, constituye una grave falta a la ética periodística y una clara violación a la Constitución y a diversas leyes reglamentarias. Desafiar una disposición oficial en un momento de emergencia nacional dirigida a proteger la salud de los mexicanos es un claro exceso en el uso de la libertad de expresión.
Desde principios de los años cincuenta del siglo pasado, con la radio en pleno auge y el surgimiento de la televisión, los concesionarios de medios electrónicos, con el contubernio y la complicidad del gobierno, han manejado prácticamente a su antojo los contenidos programáticos, incluido el de la delicada labor informativa, pese a existir restricciones en las dos leyes que para el campo de la radiodifusión han existido desde 1960 y que para efectos prácticos han sido letra muerta.
Amparados en una supuesta autorregulación que en los hechos no ha existido salvo en algunos espacios auténticamente independientes, en los últimos setenta años ha habido innumerables excesos de periodistas, concesionarios y líderes de opinión en medios electrónicos ꟷtambién los ha habido en medios impresos pero no es tema de esta columnaꟷ, sin que haya mayores consecuencias.
Se han aplicado sanciones menores a televisoras y radiodifusoras por no cumplir con los Tiempos Oficiales, vender publicidad en épocas electorales, favorecer algún candidato o vender entrevistas, pero no hay castigos ejemplares para quienes incurren en abusos en el ejercicio de la libertad de expresión pese a los graves daños que causan a sus audiencias en materia de derecho a la información.
Dueños de grandes conglomerados de radio y televisión ꟷque por cierto explotan un bien de la nación que es el espectro radioeléctricoꟷ, “reconocidos” analistas, líderes de opinión y conductores de noticiarios siempre han estado a salvo. A lo que más se ha llegado es a esta reciente amonestación pública que hizo la Secretaría de Gobernación a TV Azteca por el irresponsable llamado de uno de sus conductores de noticias.
Ricardo Salinas Pliego es quizá el ejemplo más emblemático del abuso del poder empresarial, del tráfico de influencias y de los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión en los últimos 27 años. En 1993 se hizo de la concesión de TV Azteca gracias a un dudoso préstamo que le hizo Raúl Salinas de Gortari por 29 millones de dólares ꟷcuando el hermano de éste, Carlos, todavía era presidente de Méxicoꟷ que le permitió completar el dinero para adquirir un paquete de medios; a través de los espacios de noticias y opinión de sus estaciones de televisión, desacreditó sin pruebas al gobierno de la ciudad de México encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas a raíz de la muerte del conductor Francisco Stanley, se adueñó ilegal y violentamente del Canal 40 de televisión restringida, dañó la reputación de Grupo Saba ꟷvinculado a la industria farmacéuticaꟷ por un negocio que no pudo concretar con esa firma , y ahora incurre en una afrenta nada menos que al Estado mexicano con su llamado a la desobediencia civil, entre otros muchos casos en los que ha usado sus medios con fines particulares.
Desafiar una disposición de carácter nacional dirigida a proteger la salud de los mexicanos como lo hizo Javier Alatorre la noche del 17 de abril, es un claro exceso en el uso de la libertad de expresión, tanto desde la perspectiva ética como jurídica.
El exabrupto del conductor de noticias viola los artículos cuarto y sexto de la Constitución mexicana relativos al derecho a la salud y a la perturbación del orden público, respectivamente. Pero además infringe disposiciones de diversas normas reglamentarias entre ellas los derechos de las audiencias establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), en lo que toca al menoscabar de los derechos y libertades de las personas.
Al margen del apercibimiento emitido por la Secretaría de Gobernación contra TV Azteca, que para muchos no ha pasado de ser un leve regaño, disminuido a nada por la indulgencia que ofreció el presidente López Obrador a su amigo Javier Alatorre ─cuando el responsable directo del llamado a la desobediencia lleva por nombre Ricardo Salinas Pliego─, La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), integrada por varios de los más conspicuos especialistas en materia de periodismo y comunicación social en el ámbito nacional, ha hecho un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que es el órgano competente para vigilar y sancionar a los medios electrónicos, para revisar a fondo el caso y aplicar las sanciones correspondientes: “Llamamos al regulador a que emita una amonestación pública a la televisora y que revise la pertinencia de revocar la concesión según el artículo 303”, de la LFTyR, señaló la organización civil en un pronunciamiento público el 18 de abril.
Dos fracciones del artículo 303 de esa ley podrían ser motivo de análisis para definir si procede o no el retiro de la concesión: “XIX. Utilizar para fines distintos a los solicitados, las concesiones otorgadas por el Instituto en los términos previstos en esta Ley u obtener lucro cuando acorde al tipo de concesión lo prohíba esta Ley, o, XX. Las demás previstas en la Constitución, en esta Ley y demás disposiciones aplicables”.
Nadie quisiera llegar al extremo de revocar una concesión, sería una acción indeseable e inconveniente en un régimen democrático, pero los excesos de algunos concesionarios, periodistas y líderes de opinión ꟷcomo es el casoꟷ, la falta de convicción para autorregularse y cumplir con los compromisos que asumen ante la sociedad, y el uso de supuestos códigos de ética y defensores de audiencias ꟷque ahora son obligatorios por leyꟷ como parapeto para proteger sus intereses, empujan a la sociedad a exigir medidas más enérgicas o incluso extremas como cancelar una concesión.
Personas y grupos consumidores de contenidos mediáticos y especialistas en el campo de los medios de comunicación social han expresado su hartazgo al ver los constantes abusos de todos estos personajes de excepción sin que haya consecuencias. Hasta las 22:00 horas de este 23 de abril, la plataforma Change.org había reunido 294 mil 602 firmas -y contando- pidiendo que se retirara la concesión a TV Azteca.
Es casi imposible que eso suceda y más por el aprecio que el Presidente le tiene a Ricardo Salinas Pliego, miembro de su equipo de asesores ꟷantes integrante de la Mafia del Poderꟷ y a Javier Alatorre. De hecho, López Obrador ya dijo que su recomendación es que no haya sanción para la televisora, a pesar de que ha declarado que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Sin embargo, el Ifetel es un organismo autónomo entre cuyas funciones está revisar las violaciones constitucionales y legales de medios electrónicos, así como establecer y aplicar las sanciones a que haya lugar.
¿Qué tipo de decisión tomará el órgano regulador sobre este irresponsable suceso mediático?, ¿será una decisión política o jurídica? O de plano se hará de la vista gorda para no tomar en sus manos esa papa caliente.
Veremos qué tan autónomo es el Ifetel y de qué están hechos sus comisionados.
