Alejandro Rubín de Celis
Sin empacho alguno, despreocupado, con actitud triunfadora, Ricardo Gallardo Cardona viaja de un municipio a otro donde gobierna su grupo político y encabeza reuniones en colonias para declarar que en 2021 el movimiento gallardista, de la mano de Partido Verde, ganará las elecciones en San Luis Potosí, en lo que constituyen claros actos anticipados de campaña y propaganda personalizada que viola la Constitución.
No lo dice abiertamente en sus reuniones casa por casa o en los pequeños mítines proselitistas que realiza, pero todo mundo sabe que aspira a ser candidato a la gubernatura del estado.
Sus expresiones triunfalistas ya son bien conocidas a través de videos que circulan en redes sociales, mientras sus operadores instalan alarmas de seguridad en colonias de la capital y entregan mochilas en municipios huastecos con elementos gráficos que prefiguran la imagen de un pollo, en clara alusión al pollo Gallardo.
El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal es muy claro al señalar en una de sus partes que en ningún caso la propaganda “… incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, como sí sucede en el caso de las mochilas gallardistas. Pero al diputado federal eso lo tiene sin cuidado.
Y es que existe un negro antecedente de impunidad con características similares protagonizado nada menos que por su papá, Ricardo Gallardo Juárez, quien libró documentadas denuncias por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, y un proceso sancionador promovido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
En mayo de 2016, La Comisión de Quejas y Denuncias del Ceepac abrió un cuaderno de antecedentes por el uso de la palabra Gallardía en publicidad difundida en distintos soportes ꟷbardas, mobiliario urbano, espectacularesꟷ y pagada por la administración municipal encabezada por Gallardo Juárez, que fue reforzado con denuncias bien documentadas a cargo del PAN y de las organizaciones civiles Ciudadanos Observando y Ciudadanos Hasta la Madre, lo que llevó al organismo electoral a determinar un procedimiento sancionador en contra del entonces alcalde.
Las cosas se complicaron porque el Tribunal Estatal Electoral (TEE) declaró improcedente la decisión del Ceepac, que llevó el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cual determinó la reposición del proceso sancionador. Finalmente el propio TEPJF dio la razón al Ceepac que por no tener facultades para sancionar directamente turnó el asunto a la Contraloría Interna del Ayuntamiento que acabó siendo juez y parte.
El contralor en funciones, José Mejía Lira, informó recientemente que la administración anterior determinó que no procedía atender la resolución del Ceepac y sancionar a Gallardo Juárez por actos anticipados de campaña y el desvío de más de 13 millones de pesos, razón por la que cerró el caso, y afirmó que la administración actual está impedida para reabrirlo.
De algún modo la historia se repite. Ricardo Gallardo Cardona también incurre en actos anticipados de campaña y en promoción personalizada: se reúne en casas con gente, organiza pequeños mítines en colonias, entrega mochilas, entre otras actividades promocionales ꟷcomo lo hacía su papáꟷ y además difunde videos con expresiones triunfalistas y convoca en forma velada para que lo apoyen electoralmente.
En virtud de que, aún cuando son públicos los actos que realiza fuera de los tiempos electorales y la propaganda personalizada prohibida por la Constitución, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no ha abierto un expediente de oficio sobre el caso, El Frente Ciudadano Anticorrupción es el que ahora presenta una denuncia ante ese organismo electoral en la que expone casos y hechos concretos de actos anticipados de campaña, por lo que ya no tiene pretexto para iniciar una investigación.
En 2016, el Ceepac mostró una actitud proactiva al abrir su Comisión de Quejas un cuaderno de antecedentes que fue fortalecido con otras denuncias; ahora tendrá que actuar de manera reactiva a petición de parte.
Entre 2016 y 2017 el Ceepac tuvo que soportar una andanada de acusaciones infundadas del gallardismo contra el consejero Martín Faz Mora y el propio Consejo, en su afán por evitar la sanción, pero aguantó y logró que prevaleciera el Estado de Derecho.
Martín Faz fue el combativo consejero que libró las más difíciles batallas pero ya no preside ni integra la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Será capaz el presidente en funciones de esa comisión, Edmundo Fuentes Castro y los otros consejeros que la integran, de soportar las nuevas presiones que sobrevendrán del gallardismo para evitar un eventual nuevo proceso sancionador? ¿Tendrá el pleno del Ceepac la entereza y el valor de llevar hasta sus últimas consecuencias la posible sanción que determine?
Y más. Si el Ceepac acuerda una sanción, ¿el Ayuntamiento de San Luis Potosí ꟷsi es que es la entidad pública que la recibe, pues en el caso de Gallardo Juárez no sabían si mandarla a la Auditoría Superior del Estado, al Congreso local o al Ayuntamientoꟷ ahora sí la aplicará? Porque hasta el momento la Contraloría Interna no ha hecho efectiva ninguna sanción de orden administrativo a pesar de que desde noviembre pasado la actual administración denunció mil 843 anomalías de la gestión que le antecedió.
Ya veremos, pues, si actúan conforme a derecho. Por lo pronto hay que darles el beneficio de la duda.
Lo que sí está claro es que hay suficientes elementos y a la vista de todos sobre la innegable propaganda anticipada que está haciendo Ricardo Gallardo Cardona en su denodado afán de ser gobernador, y que por otras razones le resultará bastante difícil alcanzar su objetivo.
