Alejandro Rubín de Celis
¿Hasta cuándo habrá una autoridad legítima que represente genuinamente el interés público y no proteja a políticos poderosos de San Luis Potosí? ¿Hasta cuándo se aprobarán leyes que den “dientes” a organismos autónomos como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), para aplicar sanciones, y que no se diseñen con dedicatoria para blindar a políticos corruptos?
Hay muchos ejemplos de casos de presunta corrupción en el estado que no llegan a tribunales aparentemente porque no se integran bien las averiguaciones, porque éstas duermen el sueño de los justos en los cajones de la Procuraduría de Justicia hasta que se diluyen en la memoria colectiva, o porque las autoridades fiscalizadoras se hacen de la vista gorda para que los privilegiados que violan la ley no sean castigados por sus fechorías.
Enfoquémonos en el caso de Ricardo Gallardo Juárez. Es inverosímil que no haya autoridad que castigue las ilegalidades y abusos en que este personaje ha incurrido como alcalde en funciones y como candidato para repetir en el cargo.
El caso de Gallardo Juárez es emblemático porque en menos de tres años ha sido acusado de múltiples hechos de corrupción, abuso de autoridad y opacidad en el ejercicio público y nadie lo toca ni con el pétalo de una mínima sanción. Es por ese enorme manto de impunidad que lo cubre que el aprendiz de cacique y el movimiento político que lo apoya siguen haciendo de las suyas pasando por encima de autoridades, normas jurídicas y ciudadanos.
Algunos botones de muestra: después de un largo proceso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Gallardo sí hizo propaganda personalizada con el uso de la palabra Gallardía, turnó el caso al Ceepac que, aduciendo no tener facultades de sanción lo canalizó a la Contraloría y el Cabildo del Ayuntamiento en funciones, que están nada menos que bajo el control del alcalde con licencia.
El mismo tribunal federal resolvió desde el pasado 6 de abril que Gallardo violó la ley al exceder los plazos para la difusión de su segundo informe de gobierno y el Congreso del Estado, que es el que tiene que resolver la sanción por esa conducta y que presuntamente recibió la notificación del tribunal ese mismo día, apenas lo canalizó este 21 de junio a comisiones para su estudio y dictamen. Pero además, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Mendizábal, ya advierte que el asunto podría canalizarse ¡al Instituto Nacional Electoral!
Hace más de cuatro meses el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) presentó dos denuncias contra Gallardo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una por la dudosa compra de medicamentos a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz por más de 66 millones de pesos y otra por enriquecimiento ilícito, y nada se sabe sobre las averiguaciones correspondientes. ¿Será porque desde entonces se contemplaba que el empresario pollero buscaría la reelección y no querían incomodarlo?
El propietario de más de tres millones de metros cuadrados de terreno y su equipo electoral han lanzado una nueva campaña llamando al candidato del PRD “virtual ganador de las elecciones” en sus comunicados de prensa y han contratado anuncios espectaculares que contienen la frase “ya ganamos”, con la que pretenden manipular al electorado a su favor, y el Ceepac sólo ve pasar esos mensajes y la presidente del organismo se limita a decir que es un absurdo y una falta de respeto declararse previamente como ganador de la contienda, porque no hay manera de sancionarlo.
En campaña, Gallardo ha prometido duplicar los programas sociales y regalar certificados de defunción si gana la contienda, en lo que podría constituir el delito de compra de votos, y el Ceepac no hace nada.
Circula otra campaña a través de mensajes de texto en celulares para hacer propaganda a favor de Gallardo y en contra de uno de sus contendientes con la que se presume que se hace uso de datos personales protegidos por la ley, y de la Cegaip, órgano garante de proteger esos datos sensibles, ni sus luces.
¿De qué sirven entonces las leyes y las instituciones de Estado que se supone están para velar por el interés público y proteger los derechos de los ciudadanos? ¿Quiénes y cuándo se atreverán desde el Congreso del Estado a aprobar leyes y reformas que sancionen a los funcionarios delincuentes y que no acomoden las normas para proteger a esos privilegiados de la clase política. ¿Cuándo llegarán ciudadanos probos a los cargos públicos que defiendan el interés general y no el propio? ¿Qué hay que hacer para que eso suceda?
De entrada, aprovechar que estamos frente a una nueva oportunidad de elegir representantes al Congreso y a los ayuntamientos. Los electores debemos hacer una profunda reflexión sobre el grado de corrupción e impunidad que padecemos y analizar cuidadosamente, con información fidedigna, por quiénes vamos a votar en busca de que cambie este estado de cosas y que quienes sean electos como diputados verdaderamente representen a los ciudadanos haciendo leyes que les beneficien y que no sigan protegiendo a los políticos corruptos; y que en el caso de los alcaldes que elijamos no se vuelvan a repetir historias como la de Ricardo Gallardo Juárez, ni tampoco las de varios de sus antecesores, cuyo papel al frente del Ayuntamiento de la capital dejó mucho que desear y que también fueron señalados por actos de corrupción.
De lo contrario, un personaje como al que hemos dedicado este espacio y muchos políticos y funcionarios más se seguirán aprovechando de la enorme debilidad de las leyes y las instituciones para seguir cometiendo sus fechorías.
