María Ruiz
Han pasado más de cuatro años desde el trágico ataque ocurrido el 11 de noviembre de 2020, donde dos jóvenes, Carlos y Daniela Aguilar Ávalos, fueron asesinados en un ataque perpetrado en su propio hogar. Yahaira Jocelyn, la tercera hija, logró sobrevivir milagrosamente tras proteger su cabeza de un impacto de bala, aunque aún carga con las secuelas físicas y emocionales de aquel día.
Rosalinda, policía de investigación con 25 años de servicio, no solo ha enfrentado el dolor de perder a sus hijos, sino también el desafío de buscar justicia en un sistema que, asegura, está infiltrado por redes de corrupción y delincuencia organizada dentro de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
En rueda de prensa, Rosalinda relató cómo su compromiso con la verdad y su ética profesional la llevaron a descubrir, el 11 de septiembre de 2020, a cuatro compañeros policías involucrados en el manejo irregular de un vehículo con reporte de robo con violencia. Según su versión, este vehículo iba a ser entregado a integrantes de un cártel delictivo. Al denunciar los hechos a sus superiores, no solo no recibió respaldo, sino que fue víctima de amenazas directas contra su vida y la de sus hijos.
“‘Te vamos a matar a tus hijos’. No era una amenaza común; era precisa, con información que solo alguien dentro de la corporación podía tener”, declaró Rosalinda.
El 29 de octubre de ese mismo año, Rosalinda participó en la detención de un individuo presuntamente vinculado a un grupo delictivo. Este acto, de acuerdo con su testimonio, habría sido otro factor clave para que se planeara el atentado contra sus hijos.
En su denuncia, Rosalinda señaló directamente a un grupo identificado como el “Cártel de la Ministerial”, acusando a varios de sus compañeros de estar involucrados en actividades ilícitas. Aunque algunos han sido vinculados a proceso y otros dados de baja, ella asegura que aún hay elementos activos que operan con total impunidad, incluso dentro de las esferas más altas del poder estatal.
“No estoy luchando solo contra criminales; estoy luchando contra un sistema que protege a quienes deberían estar tras las rejas”, expresó Rosalinda, visiblemente conmovida pero firme en su postura.
Además, denunció que las irregularidades en el proceso judicial han permitido que algunos implicados obtengan amparos y beneficios legales que podrían derivar en su liberación. Señaló directamente a una jueza federal por presuntamente excederse en sus funciones al otorgar el cambio de calidad procesal a uno de los imputados.
El Cartel de la Ministerial: una realidad negada
Rosalinda ha denunciado en múltiples ocasiones la existencia de un grupo criminal infiltrado en las filas de la Policía Ministerial, al que ella denomina “el Cártel de la Ministerial”. Según sus declaraciones, altos mandos y agentes han sido cómplices en la protección y operación de este grupo, incluso involucrados en otros delitos como el asesinato de periodistas.
En su momento, el anterior fiscal aseguró que este grupo ya no existía. Sin embargo, las pruebas y los hechos contradicen estas afirmaciones. “El cartel sigue operando, tienen protección y recursos para evadir la justicia”, denunció Rosalinda.
Obstáculos judiciales y tecnicismos legales
De acuerdo con Rosalinda, el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Recientemente, una jueza de Distrito excedió sus funciones al otorgar la calidad de “coimputado” a un testigo, algo que, según la ley, solo corresponde al Ministerio Público. Este error procesal ha puesto en riesgo todo el caso, abriendo la puerta para que los responsables puedan quedar en libertad por un simple tecnicismo legal. Actualmente, el recurso de revisión se encuentra en análisis en el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
A pesar de las detenciones, algunos de los implicados siguen libres o han encontrado maneras de evadir la justicia. Uno de los policías detenidos en abril de este año fue ubicado después de protagonizar un incidente armado en un bar de la avenida Hernán Cortés, pero durante meses estuvo libre, protegido por sus conexiones dentro de la corporación.
Otro agente, Daniel N., presentó incapacidades médicas falsas para evitar enfrentar las acusaciones en su contra. Tras una investigación administrativa, fue finalmente dado de baja después de más de 20 años de servicio. Sin embargo, otros siguen activos e incluso ocupan posiciones privilegiadas, como uno que actualmente funge como escolta en la Secretaría General de Gobierno.
Un sistema que protege a los culpables
El caso de Rosalinda no es un hecho aislado. Es un reflejo de las profundas fallas estructurales en el sistema de justicia y la colusión entre autoridades y el crimen organizado. A pesar de las amenazas, el dolor y los obstáculos, Rosalinda continúa su lucha por obtener justicia para sus hijos y evitar que otras familias sufran la misma tragedia.
“El delito contra mis hijos está tipificado como homicidio calificado y tentativa de homicidio, pero también debería considerarse feminicidio. Las pruebas están ahí, los mensajes de amenaza son claros. Sin embargo, la justicia sigue sin llegar”, concluyó.
Rosalinda no solo busca justicia para sus hijos, sino que también pretende visibilizar la vulnerabilidad de los agentes de seguridad comprometidos con su labor en un contexto donde la línea entre autoridades y delincuentes parece difuminarse cada vez más.
“El peor daño que pueden hacerle a una madre es matar a sus hijos. Pero no me van a callar. Voy a seguir luchando hasta el último día para que se haga justicia”.
