Alejandro Rubín de Celis
En los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado se realizan procedimientos administrativos para entregar recursos públicos y reembolsar gastos realizados por servidores públicos relacionados con sus responsabilidades. Ello implica la participación de numerosos grupos de personas con los riesgos propios de cometer errores humanos o, incluso, actos de corrupción.
Y aunque es pública la información que generan, administran y resguardan los órganos de gobierno y los organismos descentralizados y autónomos, entre la que está la de los procesos administrativos internos, la gran mayoría de los entes obligados busca la manera de dificultar su acceso a la población, mientras que hay casos en que los datos y hechos se alteran y se ocultan para desviar fondos públicos para fines particulares.
En San Luis Potosí quedó ampliamente documentado el caso de falsificación de firmas, alteración de facturas y uso de empresas fantasma para presumiblemente favorecer a exdiputados que dejaron sin apoyos por cientos de miles de pesos a destinatarios de la extinta partida de Gestoría Institucional.
Con ello ꟷy varios casos más que han sido públicosꟷ ha quedado de manifiesto que los órganos de control del Congreso ꟷla Contraloría Interna y la Auditoría Superior del Estado (ASE) ꟷ son ineficaces y en ellos pesa la sospecha de la complicidad en actos de corrupción.
Para lograr que avanzaran investigaciones en la ASE y en el ministerio público y por fin se lograra vincular a proceso a un exdiputado por esos hechos, ciudadanos afectados y organizaciones civiles tuvieron que soportar un calvario judicial y presentar múltiples solicitudes de información y recursos de queja para obtener la información que diera sustento a sus denuncias.
Casos como éste de presunta corrupción que se han repetido con distintos matices y de distintas formas como sucedió con la Ecuación Corrupta o con el pago de compensaciones indebidas y otras prácticas discrecionales en que incurren los diputados en beneficio propio y de sus allegados, podrían combatirse eficazmente con… ¡un robot!
En Brasil, un grupo de expertos en sistemas computacionales, con el apoyo de periodistas, diseñadores, mercadólogos y comunicadores, desarrollaron un programa para detectar fallas, excesos y otras irregularidades en los comprobantes de gastos presentados por sus congresistas. Para ello utilizaron el método de ingeniería inversa que consiste en estudiar primero las leyes y reglamentos sobre estos procedimientos y luego convertirlos en códigos de software que permiten identificar datos sospechosos sobre algunos pagos realizados por servidores públicos.
“La base de datos del gasto público contenía imágenes de los recibos utilizados para solicitar los reembolsos y pudimos constatar que se habían incluido gastos, como por ejemplo bebidas alcohólicas, que no se podían pagar con fondos públicos. Bautizamos a nuestra creación con el nombre Rosie”, revelan los creadores de esta útil herramienta en un blog del Banco Mundial.
Pero el programa no solo alerta a los congresistas de Brasil y a los encargados de la fiscalización de los recursos, también lo hace a través del envío de tuits a los ciudadanos a quienes invita a que confirmen o descarten las dudas y pide a los representantes populares que justifiquen el gasto realizado.
La nota señala que desde que Rosie empezó a funcionar, los legisladores de Brasil han reducido sus gastos en un 10 por ciento, y añade ꟷen su segunda parteꟷ que el robot tiene actualmente más de 40 mil seguidores en Twitter “y se comunica con los ciudadanos de una manera accesible y fácil de comprender”.
¿Será posible que el Congreso del Estado pueda, con los 323 millones de pesos de presupuesto con que contará el año próximo, contratar a un grupo de expertos en sistemas computacionales que puedan desarrollar programas como Rosie? Seguramente cualquier inversión, por elevada que fuera ꟷy tal vez ni lo sea tantoꟷ para combatir la corrupción en el Poder Legislativo, es justificable.
¿Habrá en San Luis Potosí profesionistas en sistemas y tecnologías de la información que, con el apoyo de periodistas independientes, diseñadores y comunicadores, sean capaces de desarrollar programas que puedan detectar irregularidades en la administración de los fondos públicos del Poder Legislativo? Seguramente que los hay, sólo que para seleccionarlos se tendría que diseñar un mecanismo que garantice total independencia en el trabajo que realicen para evitar que acaben obedeciendo las órdenes de diputados y personal administrativo y de fiscalización del propio Congreso.
El éxito de la robot Rosie no se debe sólo a los expertos y otros profesionales que apoyaron el proyecto, también obedece a una ciudadanía actuante que a través de esta herramienta denuncia anomalías y corruptelas de sus diputados.
¿Y qué tal si el Gobierno del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y el Ayuntamiento de San Luis Potosí contratan especialistas para tener su propia Rosie?
También les vendría bien hacerlo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación cuyos volúmenes de datos e información administrativa interna son sustancialmente mayores a los de las instancias locales.
