Estela Ambriz Delgado
Ante la posibilidad de ser destituidos, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito sabotearon la asamblea de remoción del pasado domingo 15 de octubre, y amagaron al personal de la Procuraduría Agraria para evitar que la decisión se tomara de forma libre y secreta.
La asamblea que fue convocada por la representación local de la dependencia, a petición de más de 100 comuneros inconformes, tenía el objetivo de que la comunidad votara de manera libre y secreta sobre la remoción de sus representantes y eligieran a los nuevos integrantes. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 50 personas impidió que se llevara a cabo.
El comunero Juan Gabriel García Zavala indicó que Salome Marín y Juan Fidel Cruz Campos amenazaron con actitudes agresivas a los visitadores de la Procuraduría Agraria, porque querían que la votación se realizara a mano alzada para identificar a los votantes y su decisión.
“Querían que la votación fuera a mano alzada, para checar quién estaba con nosotros y hacer efectivas sus amenazas y acciones de amedrentamiento”, afirmó García Zavala.
Pese al amago de los comuneros afines a los intereses de inmobiliarios, que pretenden realizar el proyecto Las Cañadas en el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, la Procuraduría Agraria se mantuvo firme respecto al voto en urnas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Agraria, y se retiraron de la asamblea junto con 130 comuneros aproximadamente.
Leticia Pérez Acosta, quien apoya la remoción de los representantes, aseguró que los integrantes del comisariado presidido por Andrés Jesús Cruz Campos, compraron votos con recursos de los fraccionadores y por eso exigían la votación a mano alzada, pues querían comprobar que cumplieran el acuerdo.
Finalmente, los comuneros informaron que solicitarán el apoyo al Gobierno Federal para que se convoque nuevamente y se proteja la asamblea con un operativo de seguridad.
