Sacar ventaja, aunque los permisos lleguen después

Por Victoriano Martínez

La escena resultó simbólica: de un lado los comuneros de San Marcos Carmona protestan por la destrucción del río que los abastece de agua para uso doméstico, y del otro lado el responsable de obras de desarrolladores urbanos que, en el calor del encuentro, se le escapó decir que están a la espera del permiso para construir.

El recuento de los daños para los comuneros que habitan en esa zona es delicado y lo sintetizan por la desaparición del río porque ha sido destruido y contaminado por las empresas constructoras de los fraccionamientos Fuerteventura, Forja Real y Ojaranza.

Una destrucción en nombre de la urbanización contra la que los comuneros de San Marcos Carmona promovieron un juicio de amparo y, a pesar de que cuentan con una suspensión declarada, las constructoras no han dejado de trabajar.

Una protesta a cargo de unos 80 comuneros dispuestos a reclamar sus derechos, aunque los ronden policías ministeriales que los han amenazado en anteriores ocasiones y arribaron a la manifestación cual advertencia de una posible represalia en su contra.

Autoridades y constructoras que dejan ver que poco les importan los derechos de quienes, como en este caso los comuneros, los hacen valer por vías formales como el juicio de amparo en curso con suspensión de por medio.

Constructoras que comienzan a trabajar sin los permisos necesarios y autoridades que se hacen de la vista gorda ante ellos, aunque –en sentido estricto– se burlan de su autoridad al adelantarse a sus autorizaciones… a menos que haya acuerdos inconfesables que dan vuelo a un sospechosismo de corruptelas.

Una interacción disfuncional entre constructoras-autoridades-habitantes en la que la búsqueda de la utilidad comercial de unos pasa por la confabulación con otros para perjuicio de los terceros y, para colmo, con daños colaterales en el entorno ecológico.

Una historia en una microrregión ubicada en el municipio de Mexquitic de Carmonaa nueve kilómetros del centro de la ciudad capital que representa, a escala micro, lo que ya comienza a darse con los grandes proyectos inmobiliarios que se perfilan en 5 mil 700 hectáreas, en la Sierra de San Miguelito, como parte de los programas municipales de desarrollo urbano.

La escena en San Marcos Carmona resultó simbólica.

De un lado, presidentes de juntas de mejoras de colonias del sur de la ciudad que presentaron planteamientos en la consulta de los programas municipales de desarrollo urbano en un intento por que impidiera la urbanización de la Sierra de San Miguelito para preservar las recargas de agua y evitar las correntías que fraccionamientos recientes han provocado que se inunden.

Del otro lado, empresarios inmobiliarios que se anticipan a autorizaciones formales para comenzar a trabajar sobre sus extensos desarrollos que privilegian la desmesurada ganancia económica por encima de los daños que se puedan provocar al resto de la ciudad, cuyas zonas de riesgo de inundación se expandirán exponencialmente.

Y en medio, una autoridad que opta por manejarse con opacidad en el proceso de elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano, en los que esa tensión entre una ciudad que resultará afectada y un grupo de empresarios que obtendrán ganancias multimillonarias, se presume que se resolverá a favor de los segundos.

El Instituto Municipal de Planeación ya presentó las versiones finales al Cabildo, afinan la estrategia para su aprobación en reuniones con funcionarios de gobierno del estado y, aunque se trata del resultado de una consulta pública que afecta a todos, no han hecho público ni una sola página del documento que resultó de la consulta.

La opacidad es la madre de la especulación y las autoridades municipales y estatales se han refugiado en ella para tratar uno de los asuntos más públicos de los últimos años. Que a partir de la poca información que se logra conocer se advierta sobre lo que viene es un llamado a la transparencia antes que desinformación.

Ocultar documentos de tanta trascendencia para la ciudad y con los que trabajan desde hace más de un mes es traicionar el interés público y una indudable acción de desinformar.

La escena en San Marcos Carmona resultó simbólica de que, cuando la autoridad carga los dados hacia un lado, quienes resultarán favorecidos pueden adelantarse en sus pretensiones… aunque aún estén a la espera de los permisos.

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