José de Jesús Ortiz
El dirigente campesino Saíd López de Olmos Martínez solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea revisado su proceso penal, pues advirtió que desde el 7 de junio de 2023 se encuentra de manera injusta recluido en el Centro Penitenciario de La Pila; también, anunció que ante las anomalías procesales registradas no tendrá más remedio que realizar una huelga de hambre como una expresión de protesta.
“Se me acusa de hechos que no cometí, y justifican y sustentan mi prisión preventiva con dos testigos, ya que las personas que se consideran víctimas ni siquiera acreditan la propiedad de dichos predios; quienes me conocen saben cómo me he dirigido siempre ante la sociedad, soy una persona de principios y de moral suficiente para denunciar los atropellos de que son objeto quienes menos tienen, y es evidente que mi actuación afecta intereses de poderosos que me quieren dejar en la cárcel hasta los últimos días de mi vida”, advirtió.
En la carta entregada a la Presidencia de la República el pasado martes 9 de abril, denunció que en los meses en que ha estado recluido ha sufrido abusos y señaló que su proceso penal se ha sustentado en pruebas falsas.
López de Olmos Martínez fue detenido el 1 de junio de 2023 luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) hiciera efectiva la orden de desalojo de cuatro ranchos (El Sabino, La O, La bolsa o Mancornados y Ciruelos, ubicados en el municipio de San Vicente Tancuayalab) que habían sido invadidos por integrantes del Movimiento Huasteco Democrático. En consecuencia, fue recluido en el Centro Penitenciario de La Pila, imputado por la FGE por su posible responsabilidad en los delitos de despojo agravado y asociación delictuosa.
En el documento expuso que durante el tiempo que ha estado recluido ha sufrido “vejaciones, malos tratos y todo tipo de abusos y pruebas fabricadas por consigna del gobernador mediante la Procuraduría del Estado (sic), en contubernio con el Poder Judicial, y no obstante que ya en una ocasión fui absuelto por un juez de control quien obedeció un amparo federal (juicio de amparo 925/2013-I) otorgado por un juez de distrito, nunca me liberaron pues me mantuvieron más de 14 horas de pie en supuestos trámites administrativos y cuando me dejaron salir me estaban esperando con otra orden de aprehensión, dentro de la causa penal 520/2023, aún con un amparo con suspensión vigente y que estaba a cargo de un juez de distrito, regresándome nuevamente al penal y poniendo a disposición de un juez de control, por los mismo delitos, en diversa causa penal (590/2023)”.
Precisó que luego de esta nueva detención y al ser puesto a disposición del juez de control tras haber permanecido durante más de 14 horas de pie, su defensa jurídica pidió que pudiera llevar el proceso sin la prisión preventiva, pues argumentó situaciones de salud, además de su edad avanzada, lo cual no fue considerado por el juez que impuso nuevamente la prisión preventiva justificada.
“Es evidente que ante tal situación se ha utilizado todo el poder del Estado para criminalizarme y mantenerme detenido y bajo prisión preventiva por intereses de corrupción ya que los supuestos predios que a dicho de la Fiscalía despojé, se encuentran en posesión de personas relacionadas con la política estatal y personas allegadas al gobierno del estado, razón por la cual me considero un preso político”.
Agregó: “Si bien mis abogados utilizan los medios legales a su alcance, cada que me absuelven me buscan más delitos, ante tal situación no tendré más remedio que la huelga de hambre, pues continuarán girando nuevas órdenes de aprehensión con la finalidad de no dejarme salir con vida de la prisión”.
El dirigente del Movimiento Huasteco Democrático señaló que esa organización se dedica a la tramitación y revisión de terrenos pagados por el gobierno federal como parte del proyecto Pujal Coy ubicados en la Huasteca potosina (en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, Tanlajás y parte de Veracruz y Tamaulipas), los cuales — escribió— actualmente se encuentran “en posesión de gente muy cercana al gobernador y políticos que han disfrutado del usufructo de dicha superficie de terrenos por más de 40 años, los cuales siempre me han visto como una amenaza, respecto a que de fondo dichos terrenos los poseen de manera ilegal”.
Puntualizó que no solicita al Ejecutivo Federal que lo absuelva de los delitos y hechos jurídicos que se le imputan, sino que éstos sean llevados de manera justa y pueda enfrentar en libertad el proceso penal.
“Usted como yo somos luchadores sociales y luchamos por causas justas; usted también fue perseguido políticamente y sé que ha vivido dichas situaciones en carne propia, es por ello que me dirijo a usted de la manera más respetuosa y sé que usted lucha en contra de la corrupción al igual que yo, por eso le suplico sea atendida mi petición para que cese la persecución de la que soy objeto”, concluyó en la carta enviada a López Obrador.
En tanto, la carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esencia plantea la misma solicitud formulada a la Presidencia de la República y pide a la ministra presidenta que atienda su petición para que cese la persecución en su contra.
