Abelardo Medellín
Una nueva resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que Beatriz Adriana Urbina Aguilar sea restituida en el primer lugar de la lista de regidurías de Movimiento Ciudadano para la capital y, por tanto, en el único espacio que ganaron en el Cabildo 2024 – 2027 del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
De acuerdo con el incidente de “incumplimiento de sentencia” que forma parte del juicio de protección de los derechos político-electorales promovido por Urbina Aguilar, la Sala Regional resolvió que el orden de candidatura que había sido modificado para entregar la regiduría a Pablo Zendejas Foyo debía ser cambiado, tanto por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), como por la representación de Movimiento Ciudadano, y así otorgar la posición dentro del cuerpo edilicio a la candidata.
Según lo recuenta la resolución, originalmente Urbina Aguilar y su suplente fueron registradas en la posición 01 de la lista para integrar el Ayuntamiento. Sin embargo, el propio partido político intercambió la posición de la promovente por la 02, que ocupaba Zendejas Foyo, motivo por el cual él se convertiría en el regidor del partido.
La resolución indica que al permitir este cambio y fallar contra la promovente, el Tribunal Electoral del Estado inobservó el mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa y aplicó la alternancia de género en perjuicio de una fórmula de candidaturas femeninas, al permitir dicho intercambio.
Dado que ya se había resuelto que le asistía la razón a Urbina Aguilar, la Sala Regional ordenó que, tanto el representante propietario de Movimiento Ciudadano como el Ceepac, realicen el ajuste necesario para que se devuelva la posición 01 a la candidata promovente del juicio y a su suplente.
Además, se especificó que la fórmula encabezada por el candidato Zendejas Foyo deberá ocupar la posición 03 para lograr una adecuada alternancia en los géneros dentro de la lista de integración del Ayuntamiento del partido.
De igual manera, se especificó que de no realizarse el ajuste contemplado en la resolución en un plazo de 24 horas después de ser notificados, se aplicarían medidas de apremio contra las autoridades y representantes involucrados.
