Por Victoriano Martínez
La presión sobre comuneros que defienden sus tierras en posesión de parcelas dentro de 57 hectáreas de San Juan de Guadalupe, junto a la presa Cañada del Lobo, ha escalado de ofrecimientos de compra, a amenazas, a incendios provocados y a la intimidación con el uso de armas de fuego con tal de lograr aportarlas a un desarrollo inmobiliario en esa área.
Se trata de un nuevo intento por parte de fraccionadores, con la complicidad de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, por aprovechar las bondades de la Sierra de San Miguelito para construir complejos habitacionales de lujo.
Una presión en la que, de acuerdo con las denuncias formales tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en instancias federales agrarias y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, han participado los propios directivos de la empresa inmobiliario como los integrantes del Comisariado.
Especial relevancia tiene el señalamiento por parte de los denunciantes en el sentido de que tras el fracaso del proyecto Las Cañadas por la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito, ahora lanzaron una ofensiva para apropiarse de esas 57 hectáreas junto a la Presa de la Cañada del Lobo que, coincidentemente, quedaron apenas fuera del límite del polígono de la ANP.
Un efecto de las maniobras que encabezó César Sánchez Ibarra, el funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que intentó en las semanas previas a la publicación de la declaratoria de ANP que se excluyeran de la protección mil 805 hectáreas para entregarlas al proyecto Las Cañadas.
Aun así, de acuerdo con los Guardianes de la Sierra que tienen participación activa en la elaboración del programa de manejo de la ANP Sierra de San Miguelito (ANP-SSM), además de las irregularidades en que se incurren dentro del régimen agrario para apropiarse de esa superficie, no procede el cambio del uso de suelo por tratarse de una zona de influencia de la ANP-SSM.
El hecho de que los actos de intimidación hayan llegado al uso de armas de fuego el pasado viernes, como denunció la comunera Laura Pérez Acosta, tendría que considerarse como una luz de alerta en tanto un prolongado hostigamiento que escala en su nivel de agresividad podría convertirse en una provocación que genere un enfrentamiento de graves consecuencias.
Por las condiciones en las que se dio la intimidación al balear en torno a la casa de la comunera, dentro de su parcela y en la oscuridad de la noche, la acción sólo pudo estar a cargo de otros comuneros que conocen muy bien el territorio.
Ella misma, en sus denuncias, señala a los representantes de la mesa del Comisariado Luis Alberto Zavala Ojeda, José Martin de la Rosa Bravo, Victor Flores Quintero, Jesús Zúñiga Segovia y Alejandro Jasso Davalos, más quien pueda resultar responsable.
¿Hasta dónde se trata de una acción realizada por iniciativa propia de los integrantes de la mesa del Comisariado y hasta dónde están al tanto –y lo avalan– los directivos de la empresa que pretende esas tierras?
Como parte de los señalamientos en comunicaciones con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Agracia Nacional, los comuneros advierten que se trata de una estrategia de complicidades con autoridades locales que pretende, a la larga, echar abajo la declaratoria de ANP-SSM.
Las tres asambleas convocadas para el 15 y 22 de enero, con todo lo irregulares que puedan ser o aun pudiendo ser impedidas por dos amparos en curso, representan la forma de operar de los inmobiliarios para allegarse tierras. Que se atente físicamente contra quien se opone a la urbanización de su territorio lleva el acoso a un nivel muy peligroso.
La movilización de los comuneros para denunciar los hechos hasta los más altos niveles de gobierno federal tiene más un carácter preventivo sobre consecuencias fatales en la escalada de las agresiones, sin dejar de lado la exigencia de la preservación del territorio y de impedir que se atente en contra de él al margen de la ley.
