María Ruiz
La trata de personas es un delito y violación hacia los derechos humanos, el cual ha tenido mayor presencia en el estado San Luis Potosí desde el año 2017, según la información referida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta actividad delictiva ha vulnerado de manera grave el entorno social, tanto de infantes como de personas adultas, pero sobre todo de la población que está envuelta en condiciones de violencia estructural y desigualdad, según estudios realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la sociedad civil, como Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC).
Como respuesta a la solicitud de información con folio 000136 presentada por Astrolabio Diario Digital a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió el oficio con número FGE-UT-1947-2021, en el que dio a conocer que durante el 2021, en San Luis Potosí se registraron un total de 11 casos de trata de personas.
Esta cifra representa una baja sorpresiva ante los 21 casos que se presentaron en el año 2020, según lo que muestra la información estadística generada en el registro implementado por la FGE, a través del reporte de incidencia delictiva.
Actualmente, el Gobierno del Estado mantiene activo un Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas, en el cual se establecen las herramientas y mecanismos para atender a la población más vulnerable de ser víctima de este delito, como lo son migrantes y personas jornaleras agrícolas.
Es decir, en la entidad varía su prevalencia y los diversos factores que propician este delito. No obstante, la CNDH señala que en el territorio mexicano influye de manera considerable la presencia de la delincuencia organizada.
Este factor de riesgo origina contextos en el cual la esclavitud laboral y sexual predominan, y se convierten en acciones decisivas para que se produzca el fenómeno social de la trata de personas. También se realza la existencia de personas menores de edad y jóvenes que son víctimas de este delito en el estado.
En el “Informe sobre trata de personas: Modalidades de enganche en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas”, realizado por EDUCIAC, se señala que en la entidad potosina este delito se ha convertido en un problema complejo.
Los métodos de enganche suelen ser diferentes según el perfil de cada víctima, sin embargo, sobresale el “reclutamiento laboral”, una forma de convencimiento en el que “enganchan” a las personas con la promesa de una mejor calidad de vida.
Asimismo, se da otro modo de operación, en la cual se recluta a mujeres jóvenes, quienes son víctimas de explotación sexual, donde las sustraen y las privan ilegalmente de su libertad.
De 2017 hasta el 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) dieron a conocer que únicamente existen 19 sentencias condenatorias por este delito en todo México.
Esto, según argumenta la CNDH, es debido a la carente formalización hacia el interior de las propias dependencias que no cuentan con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales.
Por ello es necesario combatir y prevenir la trata de personas, por medio de los tres ejes de acción que señala la CNDH: el jurídico, que da difusión a los instrumentos normativos nacionales e internacionales a fin de promover su cabal cumplimiento; el institucional, para fomentar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos; y uno de los más importantes, el eje social, que sensibiliza e informa a todos los sectores de la sociedad sobre esta problemática que afecta a cientos de personas en el país.
