Por Victoriano Martínez
Hoy es el Día Internacional del Derecho a Saber.
Estamos a dos días de que termine el mes de los informes en el Estado. Una obligación legal de las autoridades para rendir cuentas a la ciudadanía que debería ser aprovechada como la oportunidad para demostrar su verdadera convicción para cumplir con derechos tan elementales como el que hoy se conmemora.
Muy lejos de hacerlo, todos esos personajes políticos –sin importar filiación– aprovechan que se abre una temporada de 12 días para una violación legal a la Constitución y lanzan sobre la población en forma masiva, la agresión y la ofensa de una propaganda en la que derrochan el erario en un culto a la personalidad, que es justo la prohibición constitucional.
Hace una semana fue el gobernador Juan Manuel Carreras López. Esta semana lo hizo Gilberto Hernández Villafuerte, de Soledad de Graciano Sánchez, y para el lunes seguramente ya lo habrán hecho todos los alcaldes y los diputados locales. Hoy lo hará Xavier Nava Palacios, alcalde de San Luis Potosí.
Los siete días previos de agresión propagandística a la población presagian que no será diferente al de todos los políticos enfermos de ego. Es más, ni siquiera será diferente al de su antecesor, a quien seguramente se referirá –como ya lo ha hecho en los spots– como el máximo exponente de la corrupción, pero no informará sanción alguna que acredite un combate real a la impunidad.
Once denuncias contra mil 843 irregularidades reportadas públicamente se acercan más a una sospecha de complicidad que a una certeza de combate a la corrupción, por más que eche mano de expresiones como “se llevaron el dinero y se olvidaron de la ciudad”.
El culto a la personalidad cuesta y se le carga al erario. En el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto desagregado con corte al 31 de agosto, reporta una ampliación al presupuesto para Comunicación Social de 36 millones 729 mil 935 pesos que duplica lo presupuestado originalmente.
En el presupuesto de egresos original, esa área tenía asignados 35 millones 378 mil 454 pesos, y al 31 de agosto ya se habían comprometido 52 millones 743 mil 924 pesos, de los cuales se habían pagado 43 millones 575 mil 648 pesos.
Cifras similares a las de Ricardo Gallardo Juárez: en 2018 se asignó un presupuesto de 27 millones 741 mil pesos a Comunicación Social. Para el mes de agosto ya había gastado 53 millones 402 mil pesos. La única diferencia es que en sus estados analíticos Gallardo Juárez no reportó ampliaciones presupuestales y Nava Palacios sí.
La propaganda no informa, manipula la información. En spots y espectaculares, Nava Palacios afirma que bajó la deuda a la mitad. En el Estado analítico del pasivo al 30 de septiembre de 2018 se reportó un saldo de mil 169 millones 477 mil 479.35 pesos. En ese mismo documento, al 31 de agosto de este año, se reporta un saldo de 813 millones 23 mil 970.49 pesos.
Hay una reducción importante en la deuda, pero no da para asegurar que se redujo a la mitad, por mucho que se quiera simplificar la expresión. En todo caso tendría que simplificarse con un “bajamos la deuda a poco más de dos tercios”, ya que la reducción es del 30.48 por ciento.
Se trata sólo de uno de muchos ejemplos que en cualquier tema se pueden tomar para mostrar que a Nava Palacios, contrario a las expectativas que generó, no le alcanzó para marcar una diferencia en cuestiones tan esenciales como respetar el derecho fundamental a la información que hoy mal conmemora con su primer informe.
Privilegiar la propaganda y el culto a la personalidad como lo ha hecho hasta ahora hace necesario completar el slogan de su primer informe con una paráfrasis del conocido como el cuento más corto del mundo de Augusto Monterroso: San Luis ya despertó… y la ofensiva propaganda sigue ahí.
