Abelardo Medellín
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó sancionar a Ricardo Gallardo Cardona, así como a otros 17 mandatarios estatales más, por violación a la veda electoral y el marco normativo en la materia, debido a la publicación del desplegado “GOBERNADORAS Y GOBERNADORES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” y la divulgación de otros materiales.
En sesión pública llevada a cabo este miércoles 8 de junio por videoconferencia, la Sala Superior analizó diversos asuntos relacionados con las sanciones a servidores públicos por la indebida difusión de propaganda, el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada y la transgresión del principio de imparcialidad durante el proceso de Revocación de Mandato.
Por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada, la cual determinó que el desplegado de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación que publicaron los titulares del ejecutivo de las entidades federativas de la Ciudad de México, Tabasco, Colima, Veracruz, Guerrero, Morelos, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Campeche, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Tlaxcala y Zacatecas, violó el marco normativo electoral.
Además de dicho desplegado, en el mismo asunto se consideró que la divulgación en conjunto de 100 publicaciones a través de Twitter infringió con la normativa.
En consecuencia de esta resolución, la Sala Superior informó que Ricardo Gallardo Cardona, así como los gobernadores de las entidades mencionadas, deberán ser inscritos en el catálogo de sujetos sancionados.
Además de dicha inscripción, se dará vista al Congreso del Estado para que determine la situación jurídica de las personas sancionadas.
Cabe recordar que Ricardo Gallardo ya había sido incorporado a la lista de personas públicas sancionadas dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, durante su cargo como diputado federal.
Esto debido a que el hoy gobernador incurrió en promoción personalizada y contratación indebida de tiempos en radio, al difundir –con ayuda de algunos medios de comunicación– un presunto programa de apoyo a la población de escasos recursos con un consultorio móvil para atender la pandemia.
