Antonio González Vázquez
El Tribunal Electoral del Estado resolvió un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano que obliga al Congreso del Estado a dictaminar iniciativas de ley presentadas por ciudadanos, mismas que se mantienen congeladas por parte de la legislatura.
La promoción del juicio es del abogado José Mario de la Garza Marroquín a quien el Congreso violó sus derechos al ser omiso en dictaminar un conjunto de iniciativas ciudadanas.
Las iniciativas ciudadanas promovidas por De La Garza son las siguientes: 22 de septiembre de 2015, iniciativa para establecer que los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos se persigan de oficio.
12 de abril de 2016, iniciativa para prohibir que los legisladores potosinos reciban bonos, sobresueldos, apoyos o partidas adicionales a su dieta por el ejercicio de su función.
5 de julio de 2016, iniciativa para crear la Ley del Canal de Televisión de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
16 de enero de 2017, iniciativa para declarar al inicio de cada legislatura la caducidad legislativa de la totalidad de las iniciativas promovidas por ex diputados que no hubieran sido dictaminadas en su período de ejercicio constitucional.
El Tribunal resolvió en contra de los diputados “por haber incumplido el procedimiento legislativo establecido para desahogar las iniciativas ciudadanas, el cual considera que, si estas no son resueltas en un término máximo de un año, debe crearse una comisión “ex profeso” que debe pronunciarse sobre las mismas en un término no mayor a tres meses”.
La resolución obliga al Congreso del Estado a concluir el proceso legislativo y legislar sobre las propuestas de los ciudadanos, lo que sienta un precedente histórico porque demuestra que los ciudadanos podemos usar las leyes para obligar a las autoridades omisas a cumplir con sus obligaciones, y porque esto sin duda es un incentivo para que la sociedad haga valer sus derechos; pero es también un recordatorio para las autoridades de que ya no pueden seguir pisoteando impunemente las leyes en perjuicio de la participación política de los potosinos”, dijo el abogado.
