La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró que las cárceles de América Latina están pobladas en su mayoría por personas vinculadas a drogas, por lo que urgió a debatir la despenalización del consumo de estupefacientes.
En una visita al país, Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), manifestó que los consumidores de estupefacientes, vendedores de droga callejeros o mulas son los que resultan más fáciles de arrestar y por lo tanto los que saturan los centros de reclusión.
Ante ello, urgió a hacer una reflexión sobre el uso de la reclusión para personas que infringen las leyes sobre drogas.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, de 2012 a julio de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina detuvieron a 126 mil 407 personas por la comisión de delitos contra la salud, lo que comprende la posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro de drogas y delitos conexos.
Información de la Comisión Nacional de Seguridad indica que, hasta julio de 2015, existían en el país 254 mil 705 reos, cuando la capacidad de los penales es para 203 mil, lo que revela una sobrepoblación de al menos 51 mil 621 reclusos.
Reos por drogas llenan los penales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró que la gran mayoría de las cárceles están pobladas por personas vinculadas a las drogas, por lo que urge a debatir la despenalización del consumo de estupefacientes.
De acuerdo con datos del gobierno federal, de 2012 a julio de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina detuvieron a 126 mil 407 personas por la comisión de delitos contra la salud, lo que comprende la posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro de drogas y delitos conexos.
Datos de la Comisión Nacional de Seguridad indican que, hasta julio de 2015, existían en el país 254 mil 705 reos, cuando la capacidad de los penales era para 203 mil 084, lo que revela una sobrepoblación de 51 mil 621 reclusos.
En tanto, la ONU indica que la gran mayoría de la población penitenciaria en América Latina la constituyen personas que han cometido delitos relacionados con estupefacientes.
Ante esto, llama a debatir la despenalización del consumo de drogas, como una forma de combatir el tráfico ilícito de los estupefacientes y sus consecuencias económicas y sociales, entre ellas el hacinamiento carcelario.
De visita a México en días pasados, Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), manifestó que “las personas que han cometido delitos en materia de drogas constituyen una gran parte, sino la mayoría, de la población penitenciaria”.
El especialista señaló que los consumidores de estupefacientes, vendedores de droga callejeros o mulas son los que resultan más fáciles de arrestar.
“Según un estudio reciente sobre las leyes de drogas y los sistemas penitenciarios en América Latina, los delitos relacionados con drogas suponen la segunda o la tercera causa de las acciones penales”, indicó Lale-Demoz.
En México, entre 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas 140 mil 860 personas por consumo de drogas y fueron iniciadas, por la misma causa y durante el mismo periodo, 53 mil 769 averiguaciones en el sistema federal, destaca sobre el tema el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) en un estudio llamado En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina.
Piden nuevo enfoque
Los desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios a nivel internacional, como altos niveles de hacinamiento, han desatado el debate sobre la necesidad de despenalizar el consumo de drogas, incrementar las dosis permitidas para los usuarios en la legislación de cada país o, en su caso, promover medidas no privativas de la libertad como alternativas a la reclusión.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado la necesidad de considerar alternativas a la criminalización y al encarcelamiento de los consumidores de estupefacientes y “enfocar los esfuerzos de justicia criminal en aquellos involucrados en la oferta de drogas”.
Una nueva perspectiva para reducir los costos que generan las drogas debe centrarse en la salud pública, la prevención, el tratamiento y cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales, asevera.
En tanto, el director ejecutivo adjunto de la UNODC, Aldo Lale-Demoz, considera que el hacinamiento en las prisiones y disfuncionalidades en su operación evita que la reclusión en dichos centros cumpla con el objetivo primordial de proteger a la sociedad del delito.
“Las prisiones, de manera creciente, no solamente se están transformando en lugares peligrosos para los reclusos y el personal penitenciario, sino que también en escuelas de crimen, donde se prepara a los reclusos a reincidir o incluso, en varios países, a fomentar la radicalización y conductas de violencia extrema”, asegura.
Agrega que esta situación, así como los costos económicos y sociales de los sistemas penitenciarios, insta a las autoridades a cuestionar si, efectivamente, la reclusión constituye la manera más efectiva y eficiente de sanción penal.
Ante dicho cuestionamiento, expone que la promoción de medidas no privativas de la libertad como alternativas a la reclusión para los delitos menores relacionados con drogas es fundamental para dar solución a la actual crisis carcelaria y reducir los perjuicios sociales relacionados con la delincuencia vinculada al tráfico de estupefacientes.
Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas frecuentemente resultan más nocivas para el bienestar de los usuarios y de la sociedad en general, que los consumos mismos.
“El uso de cárceles para prevenir el consumo es muy dañino para todos. Si, por ejemplo, un estudiante es encarcelado por portar drogas para consumo personal, se ven truncados sus estudios, además de que es expuesto a un ambiente peligroso y con altos índices de consumo”, opina la experta.
En abril de 2016, la ONU llevará a cabo una Sesión Especial de su Asamblea General (Ungass), con el propósito de revisar los avances en los objetivos que se establecieron en 2009 para contrarrestar el problema mundial de las drogas.
Con información de Cármen Álvarez
Hasta 6 gramos de mariguana pueden llevarlo a la cárcel
En el país, el consumo personal e inmediato de drogas como la mariguana, cocaína y heroína está permitido, aunque la posesión en cantidades mayores a las establecidas en la Ley General de Salud pueden derivar en sanciones de diez meses a tres años de prisión.
Para las drogas más comunes, las dosis máximas que prevé la ley para el consumo individual son: dos gramos de opio; 50 miligramos de heroína o diacetilmorfina; cinco gramos de mariguana; 500 miligramos de cocaína; 0.015 miligramos de lisérgida (LSD), 40 miligramos de metanfetamina en polvo, cristal o granulada, o una tableta o cápsula con peso no mayor a 200 miligramos.
Aun cuando el consumo personal es tolerado hasta dichas dosis máximas, el comercio o suministro de narcóticos en una cantidad menor —por ejemplo, cinco kilogramos de mariguana o 50 gramos de heroína— es sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
En tanto el Código Penal Federal establece penas de entre diez y 25 años de cárcel para quienes produzcan transporten, trafiquen comercien y suministren drogas, aunque las sanciones por la siembra, cultivo y cosecha de plantas de mariguana, amapola, hongos alucinógenos o peyote son de uno a seis años de prisión solamente.
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