Angélica Campillo
De acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, se deben analizar a fondo las consecuencias que traerá el que prevalezca la prisión preventiva en México.
El lunes 5 de septiembre, cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) se pronunciaron en contra de inaplicar el artículo 19 de la Constitución Mexicana sobre la prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que no es facultad del pleno del máximo tribunal reformar o anular el contenido de la Carta Magna.
Al respecto, Guajardo Barrera señaló que se esperaba un gran debate y análisis a fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia en este tema, pero al final su decisión fue que se queda para el país este procedimiento.
Respecto a si esta figura sirve para la venganza política o ajuste de cuentas políticos, el diputado dijo que es importante fortalecer las instituciones, al final es una herramienta que se puede usar en los procedimientos jurisdiccionales que se tienen en materia penal, y todavía al día de hoy la Suprema Corte de Justicia es un equilibrio del presidencialismo.
“Hemos visto en semanas pasadas declaraciones muy fuertes y frontales en contra de las y los ministros por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que habla que hoy la máxima autoridad jurisdiccional que se tiene en el país sigue siendo un sano contrapeso y equilibrio en el país”, argumentó Guajardo Barrera.
Por separado, el diputado Edmundo Torrescano Medina, secretario de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, manifestó que antes del debate de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, primero se debió resolver el problema de la impunidad y del sistema de justicia expedito en México.
Por ejemplo, indicó que tener en libertad a un agresor sexual o a alguien que incurra en violencia de género, pone en riesgo a su entorno, por lo que ese supuesto se debería de defender para que pudiera proceder la prisión preventiva oficiosa.
“Que los jueces tengan los elementos necesarios para garantizar que se lleve un proceso justo y apegado a la ley”.
