Redacción
Luego de que la CEDH considerara que sancionar penalmente a quien “ejecute actos violentos o agresivos” contra funcionarios viola derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los servidores públicos deben ser más tolerantes con la crítica, pues por sus actividades están expuestos al escrutinio de la ciudadanía.
En 2017 el Congreso del Estado, a propuesta del entonces presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, aprobó una reforma al Código Penal para sancionar con hasta seis años de prisión a quien agrediera a algún funcionario.
Sin embargo, la CEDH consideró que al decir “actos violentos o agresivos” sin ser más específicos, se estaría atentando en contra de los derechos a la seguridad jurídica, libertad de expresión, de conciencia, de manifestación; de goce pleno de derechos, al principio de legalidad en materia penal, al principio de certeza y exacta aplicación en materia penal, entre otros, por lo que promovió un recurso de inconstitucionalidad ante la instancia federal.
En este sentido, por medio de un comunicado, la SCJN informó que el “Tribunal Pleno aclaró que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica, ya que por su actividad pública, están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna”.
Asimismo, coincidió con la CEDH en que “el tipo penal era tan amplio y dejaba tantas dudas respecto a qué constituían conductas violentas y agresivas, que generaba un efecto de intimidación en las personas que quisieran hacer críticas airadas o incisivas a los servidores públicos”.
Por lo tanto, la SCJN señaló que si bien es necesario contar con mecanismos que protejan a los servidores públicos cuando estén en ejercicio de sus funciones, su establecimiento debe ser cuidadoso y preciso para que no se vulneren otros derechos.
Por su parte, la CEDH expresó su beneplácito con la determinación del Tribunal e hizo un exhorto al Legislativo local a que garantice el respeto de los derechos humanos de todos los potosinos.
