Jaime Nava
Con la adjudicación de un contrato por más de 99 millones de pesos a una empresa de la que es socio Jesús Alfonso Medina Salazar, director de la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal dio por concluido el proceso de licitación pública nacional número LO-009000966-E56-2019 para ampliar el tramo Ciudad Valles-Tamazunchale de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles.
El contrato tiene por objeto la modernización y ampliación del cuerpo existente de 7.0 a 29.0 metros de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías y señalamiento vertical y horizontal del kilómetro 369+536 al 372+050 con 2.51 kilómetros de longitud del tramo mencionado en el municipio de Ciudad Valles.
El pasado 10 de mayo se hizo público el fallo y, pese a que en el proceso de licitación participaron 20 constructoras, la ganadora resultó ser Infraestructura del Golfo S.A. de C.V., empresa a la que en los últimos cinco años la SCT le ha adjudicado más de 40 contratos.
De acuerdo con la declaración de intereses del funcionario estatal, desde hace 18 años es accionista de la empresa y posee el 35% de las acciones.
De entre las 20 participantes, únicamente tres presentaron una propuesta económica por debajo de los 99 millones de pesos; sin embargo, en el acta del fallo consta que sólo se consideraron solventes dos empresas: Infraestructura del Golfo S.A de C.V. con una oferta de 99 millones 497 mil 200 pesos y Sánchez Valdez Construcciones S.A. de C.V. en asociación con Maquinaria y Renta de Zacatecas S. A. de C.V. cuya oferta fue de 108 millones 950 pesos.
Tres empresas fueron descartadas en automático debido a que los montos que ofrecieron para realizar la obra eran demasiado altos, de entre 121 y 134 millones de pesos, por lo que no era factible su contratación; el resto fueron desechadas por no haber alcanzado como mínimo 37.5 puntos de 50 posibles en la evaluación de sus propuestas técnicas.
El contrato será firmado hoy en las instalaciones de la SCT.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y a raíz de la llegada de César García Coronado como delegado de la SCT en San Luis Potosí, constructores denunciaron la existencia de favoritismos a un pequeño grupo de empresas entre las que se encontraba Infraestructura del Golfo S.A de C.V.
