Por Victoriano Martínez
Cualquier retiro de una manifestación operado por la autoridad sin que haya dado respuesta a las demandas que dieron origen a la protesta no puede ser una buena noticia para la población porque pone en entredicho el respeto a los derechos humanos. Peor aun cuando la máxima autoridad en el Estado proclama que “se acabaron los plantones”.
El retiro del plantón en Avenida Carranza, frente al Museo Francisco Cossío, tiene dos versiones: la oficial, que asegura que se realizó por una orden de un juez; y la del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), que señala que en ningún momento les notificaron esa orden.
Con la orden o sin ella, el resultado es el mismo. Se trató de un desalojo que favorece el incumplimiento de obligaciones que se le reclaman a la autoridad y, por lo tanto, es una acción que le allana el camino a actitudes que tienden, en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), a la tiranía porque anula el supremo recurso de la rebelión.
Cuando la exigencia de un derecho o una obligación incumplida por una autoridad provoca una manifestación de protesta no tiene como objetivo molestar a terceros, sino llamar su atención y al mismo tiempo apelar a su solidaridad para reforzar esa exigencia.
Toda la población está expuesta al incumplimiento de un derecho o una obligación por parte de la autoridad, por lo que ésta no puede acordar con parte de aquella eliminar las manifestaciones como ocurrió en la instalación del Consejo Ciudadano para la Seguridad: se trata de un acuerdo que atenta no sólo contra un derecho ciudadano sino contra un derecho humano.
En un acuerdo como el de Gallardo-empresarios, la autoridad incurre en un conflicto de interés grave al aprovecharse de una mala interpretación del derecho de manifestación para utilizar a ese sector de la población para anular una exigencia que está obligada a atender. La anulación de un derecho que, tarde o temprano, también afectará a aquellos a quienes utiliza para ese fin.
Se trata de una situación que el propio derecho prevé en uno de sus principios: la causa de la causa es la causa de lo causado, que quiere decir que aquello que origina el mal es considerado como causa del mismo y, por lo tanto, es responsable del mal.
La falta de cumplimiento de un derecho o de una obligación que provoca la rebelión es la causa que se debe de atacar y no la protesta causada. Descalificar las manifestaciones es una forma de proteger a autoridades incumplidas y arbitrarias en un esquema en el que tolerar una injusticia es provocar la siguiente. Una ruta abierta a la tiranía y la opresión (por usar términos de la DUDH).
“Se acabaron los plantones en San Luis Potosí, lo estamos haciendo todo conforme a Ley, lo dictó un juez que se levantara el plantón y se levantó, y lo vamos a seguir haciendo”, dijo Gallardo Cardona, con el tono de celebración de quien se siente libre de poder incurrir en cualquier irresponsabilidad o violación de derechos, por sentir el velo de la impunidad al anular las protestas.
Un camino abierto cuyo riesgo queda de manifiesto con el encapsulamiento de la protesta para que no desluciera el desfile del gobernador-charro y con la declaración de José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, en el sentido de que se podrá aplicar la misma dinámica para desalojar los plantones que se encuentran en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno.
¿Hasta dónde puede llegar una autoridad con tan manga ancha para no atender a quienes exijan sus derechos?
La denuncia de amenazas y persecución y el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que hace Francisca Reséndiz Lara, presidenta de Movimiento por San Luis y líder moral del SITTGE, se vuelven una muestra de las riesgosas y peligrosas posibilidades.
La liberación de una avenida estrangulada –que no bloqueada–, de ser producto de la determinación de un juez por una denuncia ciudadana como afirma el gobierno estatal, representa un triunfo con más daño para el supuesto vencedor, porque en realidad el único ganón es quien se libera del reclamo de un incumplimiento.
El retiro del plantón frente a la Casa de la Cultura sin la atención a sus causas es una muy mala noticia para toda la población porque, además de exhibir la falta de solidaridad ciudadana, da cuenta del riesgo de un amplio abanico de arbitrariedades y abusos por parte de la autoridad… sin la posibilidad de que “el pueblo se lo demande”.
