Estela Ambriz Delgado
El Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí quedó conformado a partir de este 29 de octubre con ciudadanos interesados en la defensa del derecho humano al agua, así como integrantes del Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis, el Consejo Hídrico Estatal, así como del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Los asistentes a la convocatoria escucharon una explicación sobre el origen de este movimiento que surge a partir de la lucha en contra del fracking para extraer gas y petróleo mediante la técnica devastadora, y ahora se da contra el desvío de agua del Río Pánuco a Nuevo León, Tamaulipas y Texas, a razón de 25 metros cúbicos por segundo sin considerar que ahora hay un nuevo marco legal que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas al respecto.
Asimismo, Rogel del Rosal Valladares, de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, indicó que esta lucha también es por una nueva Ley General de Aguas, que se inició en el año 2012 a partir de la reforma del artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho humano al agua y la participación social en su gestión y un manejo sustentable, con lo que también se conformó la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida”.
En este sentido, puntualizó que hay un marco legal nacional e internacional que da sustento a esta propuesta de la creación de contralorías autónomas, que son sumamente necesarias dado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apenas tiene 85 inspectores a nivel nacional para cuidar cerca de 600 mil concesiones.
“Prácticamente no existe autoridad del agua, los organismos operadores o los ayuntamientos se dedican casi exclusivamente a atender problemas de fugas de tuberías, pero no ven el ciclo hidrológico de manera integral, debido a ello ya se han formado 84 contralorías regionales, estatales, y en algunos casos grupos promotores”.
Rogel del Rosal detalló que la función de estas contralorías son realizar tareas de monitoreo y vigilancia, documentar malas prácticas; proponer soluciones técnicas y legislativas, a fin de incidir en políticas hídricas de los distintos niveles de gobierno.
Destacó que la participación social es fundamental porque el tema del agua es fundamental para la vida, por tanto, no es adecuado el que se le deje sólo al gobierno y este trabajo de contralorías sociales es único en el mundo.
Los fundamentos de las contralorías
Carlos Covarrubias Rendón, de Guadianes de la Sierra, especificó que las contralorías autónomas del agua son mecanismos organizados desde las comunidades y la ciudadanía para lograr una planeación y gestión sustentable, comunitaria y ecológica del agua.
Se fundamentan en los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 27, 35 y 39 de la Constitución Política, Convención de la ONU contra la corrupción, Acuerdo de Escazú, Programa Nacional Hídrico 2020-2024 y el Programa Nacional de Combate de la Corrupción y la Impunidad 2019-2024.
Además, dijo que estos mecanismos son necesarios dado que la gestión actual del agua tiende a ser opaca, a espaldas de las comunidades y la ciudadanía; favorable a los grandes intereses que resultan en el acaparamiento, sobreexplotación y distribución inequitativa.
