Estela Ambriz Delgado
Derivado del “Encuentro Regional Constitutivo de la Contraloría en la región Huasteca”, en el que participaron principalmente autoridades comunitarias, organizaciones sociales, organismos de la sociedad civil e investigadores de San Luis Potosí y de la Ciudad de México el 18 de agosto, se consensuaron diversos resolutivos encaminados a garantizar el derecho humano al agua y su manejo sustentable, de acuerdo con lo informado por el Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua.
Al evento acudieron autoridades ejidales y comunales de Ébano, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tancanhuitz de Santos, San Antonio, Tanlajás, Aquismón, Huehuetlán, Axtla de Terrazas, Tampacán, y Xilitla; los consejeros del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) representantes de los pueblos tének y náhuatl de la región; investigadores del Colegio de San Luis (Colsan), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma Chapingo (UAC).
De las organizaciones sociales y organismos de la sociedad civil de la región participaron la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina (Sedepac), Kichaj, A.C., el Fondo para la Paz, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), la Asociación de Comunidades Indígenas de Tancanhuitz, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el Movimiento Huasteco Democrático (MHD), el Movimiento Campesino de las Huastecas ( MOCAM), entre otras.
El grupo promotor indicó que entre los temas que más destacaron fue el impacto de la sequía prolongada en el abastecimiento de agua para uso personal y doméstico, así como para las actividades productivas, con estragos tan fuertes que prácticamente se perdieron las cosechas de lichi y granos básicos.
Además de que la situación evidenció con crudeza la ausencia de la autoridad del agua, la falta de infraestructura de acopio y distribución en zonas urbanas y rurales marginadas, la desecación de ríos y lagunas, así como la inequidad e injusticia hídrica en la región.
Para contextualizar la problemática hídrica regional y las vías organizativas, jurídicas, administrativas y legislativas para enfrentarla, se presentaron ponencias a cargo de Rogel del Rosal Valladares, el doctor Francisco Peña de Paz, y los abogados Oscar Arredondo, Anna de la Cruz Olvera y Ricardo Sánchez García.
Los primeros acuerdos
Entre los principales resolutivos acordados en el encuentro está la constitución de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, como un instrumento organizativo y propositivo de carácter ciudadano y comunitario, que agrupe a los diversos sectores de la sociedad comprometidos con el manejo sustentable del agua como un bien natural común, social y cultural, la democratización de las instancias de toma de decisión, la vigilancia en su aprovechamiento, la realización de diagnósticos, la elaboración de propuestas técnicas, políticas, administrativas y legislativas que permitan garantizar el derecho humano al agua, la restauración de los ecosistemas y de las cuencas hidrológicas.
La misma se guiará por un código de ética y funcionará con base en un reglamento interno, en el que se admite la participación y representación de núcleos agrarios, comunidades y pueblos indígenas, organizaciones sociales, de género y laborales, universidades, colonias, estudiantes, cooperativas, profesores, investigadores, empresas sustentables, grupos afectados por la contaminación o escases de agua y todos los ciudadanos que coincidan con los objetivos.
De igual manera, se estableció que las funciones de la contraloría se orientan a vigilar y cuidar que no se haga mal uso del recurso hídrico, afianzar la coordinación y la vinculación social, diagnosticar la calidad del agua, investigar las causas de la escasez y contaminación; buscar y analizar estrategias y tecnologías para garantizar el derecho humano al agua, incidir en los distintos niveles de gobierno, así como en propuestas legislativas y de políticas públicas; denunciar casos de corrupción, delitos, omisiones, negligencia, y formular planes de trabajo.
En este sentido, se determinó como parte del plan de trabajo realizar acciones especificas como dar seguimiento a las amenazas del fracking y trasvase del agua del río Pánuco con la finalidad de evitarlas; atender las causas que afectan la cantidad y calidad del agua como la deforestación, las descargas de aguas negras, basura y desechos industriales a ríos y arroyos; la extracción ilegal de materiales pétreos como arena y piedra; la falta de infraestructura de distribución y almacenamiento comunitario y familiar para aprovechamiento de las aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, así como la falta de asistencia técnica y presupuesto para su mejora constante.
Además, revisar las concesiones hídricas y regular las descargas industriales y urbanas; construir un plan de reforestación y restauración de ecosistemas con enfoque de cuenca; impulsar programas de sanitarios secos y de protección de humedales; fortalecer la contraloría a través de la realización de asambleas comunitarias y eventos de capacitación con el apoyo de especialistas.
Asimismo, se promoverá la aprobación de la Ley General de Aguas y consiguiente armonización de la norma estatal; se harán diversos pronunciamientos acerca de reformas constitucionales para que se legisle de manera integral sobre derechos indígenas, reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y la prohibición total del fracking.
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