María Ruiz
Este viernes se cumplen cinco días de paro laboral en el Poder Judicial del Estado, luego de que trabajadores activos decidieran sumarse a las exigencias de los jubilados, quienes reclaman el pago de sus prestaciones, incluyendo pensiones y servicios médicos. A pesar de la paralización, las jubiladas y jubilados han permitido el acceso del personal encargado de nómina para asegurar que el pago del próximo 30 de septiembre no está en riesgo.
Los empleados en paro han declarado que, aunque no han sido afectados directamente en términos económicos, la carga laboral al regresar será mayor.
Sin embargo, la verdadera preocupación radica en la falta de sensibilidad del Gobierno del Estado hacia las necesidades del Poder Judicial y cómo esta situación afecta a los usuarios que dependen de los servicios judiciales.
“Los que estamos aquí en su mayoría somos trabajadores apoyando a las y los jubilados. Su lucha es justa, y seguiremos respaldándolos en cualquier decisión que tomen”, señaló un trabajador, quien lamentó que las autoridades no hayan mostrado un mayor interés en resolver el conflicto.
Hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo entre los pensionados y el Gobierno del Estado.
Los empleados han reiterado su apoyo a los jubilados y han manifestado que, de ser necesario, mantendrán su postura hasta que se respeten los derechos de los trabajadores retirados.
