Angélica Campillo
El pasado 28 de julio se cumplió un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a proteger y decretar la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida (ANP), lo cual se concretó el 13 de diciembre de 2021, con un decreto que puso un alto a la edificación de proyectos inmobiliarios en este polígono.
El programa de Julio Astillero de este 28 de julio, contó con la presencia de los activistas Carlos Covarrubias, Claudia Quintero Sandoval y Miryam Vargas, quienes hablaron sobre la conferencia de prensa matutina del presidente de la República en la que el periodista Julio Hernández estuvo presente para ejercer su derecho de réplica por haber sido señalado como mentiroso por el Gobierno Federal y donde también el presidente de comprometió a proteger la Sierra de San Miguelito
Durante su participación, Carlos Covarrubias Rendón, integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y del Frente Amplio Opositor, recordó que después del debate en Palacio Nacional aquel 28 de julio de 2021 y que terminó en un acuerdo de gran importancia para la Sierra, aún se presentaron una serie de situaciones que tuvieron que resolver conforme avanzaba el tema del decreto de ANP.
De acuerdo con Covarrubias Rendón, encontraron situaciones donde había superficies que habían quedado excluidas del ANP incluso desde la misma propuesta inicial, así como áreas que fueron comprometidas por funcionarios de diversos niveles del Gobierno Federal con fraccionadores y con acuerdos de carácter político.
No obstante, indicó que afortunadamente, el presidente de la República, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y el titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, hicieron una revisión de la propuesta original, y de un área de 109 mil hectáreas.
Finalmente se logró una declaratoria de 111 mil 160.44 hectáreas, por lo que la parte que había quedado fuera y que había sido manipulada de manera arbitraria por algunos funcionarios, quedó incorporada.
El activista explicó que no solo era el proyecto Cañadas el que se pretendía edificar en el polígono de la Sierra de San Miguelito, sino que había 10 más, producto de acuerdos de diferentes niveles, entre los que estuvo involucrada gente de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como diferentes funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, que habían hecho acuerdos con otros grupos de poder económico para quedarse con otras 15 mil hectáreas.
A su juicio, si hace un año no se hubiera frenado la urbanización de la Sierra de San Miguelito con las declaraciones del presidente López Obrador, el decreto iba a ser manipulado y manejado de una manera irregular y en contra de los intereses del medio ambiente.
Covarrubias Rendón manifestó que desde la publicación del decreto, ocurrido en diciembre de 2021, a la fecha aún existe mucha problemática porque los comuneros tienen que estar bien informados, incorporarse a un proceso en el que deben estar conformes, pero por otro lado, se tienen que cuidar de que los grupos de poder no derrumben el decreto en función de los intereses de carácter económico y político que se mantienen.
A su consideración, hay una guerra mediática y política contra el decreto para tratarlo de socavar, y por otra parte está el movimiento Guardianes de la Sierra y un sector importante del Gobierno Federal que lo defienden en la construcción de lo que es hoy el programa de manejo.
Según lo referido por el activista, el decreto es producto de un gran movimiento social ciudadano que involucra el respeto al territorio, a los ejidos y comunidades, a sus usos y costumbres y a su actividad económica, y son ellos los que tienen que decidir el destino de la tierra.
Si bien Covarrubias Rendón mencionó que el decreto va más allá de un Gobierno y tiene que ser un instrumento para que, esté quien esté en 2024, las comunidades no sean borradas, se preguntó qué va a pasar con la Sierra y las comunidades si la ultraderecha recupera el poder en México en las próximas elecciones, ya que aún cuando hoy están en resistencia, hay una expectativa de luchar y de poder lograr jurídica, política y socialmente una victoria.
Para finalizar, adelantó que en el aniversario del decreto se contempla impulsar una serie de actividades desde las comunidades y desde el valle de San Luis Potosí, y con ello demostrar que ese decreto es un arma de lucha.
