Por Victoriano Martínez
La corrupción en el país no debe verse únicamente como un problema ético, sino como una cuestión que afecta económicamente en todos los niveles de la sociedad, advirtió Paulo Díez Gargari, abogado que ha denunciado actos de corrupción de la empresa OHL en el Estado de México., al participar en el Foro Anticorrupción organizado por diversos organismos empresariales.
Por su parte, José Antonio Enríquez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, hizo un llamado a la población a rescatar el castigo social en contra de los corruptos.
“Señalamos a los funcionarios por sus actos de corrupción, pero en el trato los llamamos señor gobernador o diputado, con lo que los legitimamos”, expresó Enríquez, “cuando los deberíamos apestar socialmente”.
Díez Gargari, quien recientemente denunció el caso de un decreto firmado por José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, para favorecer a la Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, señaló que la corrupción acentúa la desigualdad, por lo que se le debe combatir, exhibir y denunciar por parte de la ciudadanía.
“El que defiende sus derechos hace mucho por su país”, dijo, “en la medida en que un ciudadano defiende sus derechos se beneficia a la sociedad”.
Advirtió que a nivel empresarial también existe una cultura de simulación a través de la promoción de supuestos códigos de ética que sólo suelen ser instrumentos con los que encubren acciones que caen en el ámbito de la corrupción.
José Antonio Enríquez, del CPC-SEA chihuahuense, expuso que el impacto del combate a la corrupción tiene un efecto de mayores beneficios para la población porque los recursos que se pierden en ella llegan, en la medida en que se elimina, a donde originalmente tienen que llegar.
